En el marco del paquete de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal, el Gobierno nacional dispuso la prohibición al Banco Central de Bolivia (BCB) de otorgar créditos a las empresas públicas, según establece el Decreto Supremo 5503, publicado tras los anuncios realizados por el presidente Rodrigo Paz.
La medida forma parte de las decisiones asumidas por el Ejecutivo, entre las que también se incluye la eliminación de la subvención a los combustibles y otras disposiciones orientadas a frenar el deterioro de las finanzas públicas.
Alcances del decreto
El artículo 110 del decreto supremo señala de manera expresa que queda prohibida la concesión de créditos internos por parte del BCB a las empresas públicas. Asimismo, la norma dispone que aquellas empresas estatales que cuenten con saldos pendientes de desembolso correspondientes a créditos previamente otorgados deberán presentar un plan financiero que garantice el cumplimiento de sus obligaciones.
De acuerdo con el Gobierno, esta decisión busca cortar el flujo de financiamiento estatal a entidades que presentan déficits estructurales y evitar un mayor impacto en las reservas y la estabilidad macroeconómica.
Denuncias de daño económico
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denunció el lunes un millonario daño económico al Estado boliviano generado en el sector de las empresas públicas, al que atribuyó al “mal llamado proceso de industrialización” impulsado entre 2006 y 2024 durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La autoridad presentó un informe oficial en el que se detalla que, en ese periodo, se crearon 67 empresas públicas financiadas con recursos provenientes de las reservas internacionales, con una inversión que supera los 7.750 millones de dólares. Sin embargo, según el reporte, en casi dos décadas solo se logró recuperar aproximadamente el 18% de esos recursos.
Empresas en quiebra técnica
Por su parte, el director de la Oficina Técnica de Fortalecimiento a la Empresa Pública, Pablo Camacho, informó que al menos cinco empresas estatales se encuentran en quiebra técnica. Entre ellas mencionó a la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Quipus y Yacana.
Camacho señaló que el análisis financiero se realizará de manera individual, aunque advirtió que algunos casos son críticos. “Hay empresas que definitivamente ya tienen quiebra técnica y deberían cerrarse”, afirmó.
El Gobierno anunció que continuará evaluando la situación financiera de las empresas públicas como parte del proceso de reordenamiento del aparato estatal y de la estrategia para recuperar la sostenibilidad económica del país.
