La líder del partido PAN–Bol, Ruth Nina, fue aprehendida este miércoles en Cochabamba por orden de la Fiscalía, acusada de obstaculizar el proceso electoral y otros dos delitos, tras declarar que el Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral “van a contar muertos” el día de las elecciones generales. La aprehensión se produce luego de 75 actos investigativos y una denuncia formal presentada por representantes de la oposición y la sociedad civil.
La detención de Ruth Nina, líder de PAN–Bol, marca un giro significativo en la tensión política que rodea el proceso electoral de agosto en Bolivia. La Fiscalía de Cochabamba ejecutó la orden tras un proceso acelerado de investigación que incluyó más de 75 actuaciones en apenas dos días, entre el 16 y 17 de julio. La investigación se sustenta en informes policiales, requerimientos a medios de comunicación para obtener registros audiovisuales del discurso de Nina y pedidos de información a empresas telefónicas y otras entidades.
La diputada opositora Luisa Nayar y la representante del Conade en Cochabamba, Leonilda Galindo, denunciaron a Nina luego de que, en un ampliado del bloque evista realizado el 12 de julio en Lauca, advirtiera que sus bases estaban dispuestas a «dar la vida» para evitar lo que calificó como una imposición electoral. La frase que desató la polémica fue: “el 17 de agosto, el Gobierno y el Tribunal Electoral, en vez de contar votos, van a contar muertos”.
El contexto del discurso, según el abogado de Nina, Manuel Mariscal, ha sido tergiversado por medios y actores políticos. El jurista sostiene que la frase fue sacada de contexto y no constituía una amenaza directa al proceso electoral, sino una expresión política en medio de un clima de frustración por la inhabilitación del partido PAN–Bol y la exclusión de Evo Morales como candidato presidencial.
La aprehensión de Nina se produce en medio de un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y sectores evistas, que han cuestionado abiertamente al Tribunal Supremo Electoral y al Ejecutivo. Algunos dirigentes incluso llamaron a impedir la llegada de urnas al Trópico de Cochabamba, bastión político del expresidente Morales, y promovieron acciones de sublevación.
Mientras tanto, el Gobierno respondió ordenando el despliegue policial en municipios del Trópico y garantizando el desarrollo normal del proceso electoral. Por su parte, el candidato Samuel Doria Medina aprovechó la situación para visitar Villa Tunari, exhibiendo presencia política en una zona históricamente dominada por el evismo.
Ruth Nina enfrenta ahora un proceso penal que podría tener implicaciones mayores no solo para su futuro político, sino también para la ya polarizada campaña electoral. Su defensa insiste en que se trata de una persecución motivada por intereses partidarios y promete apelar a instancias judiciales superiores para revertir la medida.
