El Gobierno asegura que contó con protección de la administración central del MAS
Sebastián Enrique Marset Cabrera llegó a Bolivia por primera vez el 25 de octubre de 2018. Nadie lo sabía entonces, pero el uruguayo –que había salido ese año de una prisión de su país tras cumplir una condena por narcotráfico– iniciaría en territorio boliviano el capítulo más audaz de una carrera criminal que lo llevaría a convertirse en el tercer narcotraficante más buscado por la DEA en el mundo, antes de ser capturado en Santa Cruz de la Sierra la madrugada del pasado viernes.
Su primera incursión en Bolivia fue discreta. En abril de 2019 obtuvo una cédula de identidad boliviana con su nombre real. Un día después, según el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tramitó otra cédula bajo la identidad falsa de Gabriel de Souza Beumer, haciéndose pasar por boliviano mediante un certificado de nacimiento apócrifo. La ausencia de sistema biométrico en el Segip en ese momento facilitó la maniobra. Marset también consiguió un pasaporte en las oficinas de Migración de Montero, en Santa Cruz.
Tras ser detenido brevemente en Dubái en 2021 –por portar un pasaporte falso– y obtener uno auténtico emitido por Uruguay que le permitió quedar en libertad, regresó a Bolivia. El 8 de abril de 2023 ingresó nuevamente al país bajo otra identidad: Luis Paulo Amorim Santos, supuesto ciudadano brasileño sin antecedentes en ningún registro internacional. Con ese nombre, el Segip le extendió un carnet de extranjero.
Bajo esa fachada construyó una vida con apariencia de normalidad. Residía en una mansión sobre la avenida Beni de Santa Cruz junto a su esposa y sus hijos. Fue jugador y propietario del club Leones del Torno, de la segunda división boliviana, y llegó a aparecer ante cámaras de medios de prensa sin que su identidad fuera cuestionada. Según fuentes de inteligencia boliviana, su entorno familiar –esposa, hijos, madre y hermanos– llevaba una vida tranquila en el país.
Todo cambió el 29 de julio de 2023. Ese día, las autoridades ejecutaron un operativo para capturarlo en Santa Cruz, pero Marset logró escapar. Antes de huir, secuestró a dos policías y los agredió físicamente.
El episodio reveló que el narcotraficante había sido alertado del operativo, lo que derivó en investigaciones contra más de 100 personas por presuntos vínculos con su red y en causas contra funcionarios de Migración en Beni por supuestamente haberle facilitado documentación.
Poco después, lejos de ocultarse, Marset respondió con videos desafiantes. “Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros”, dijo en uno de ellos, dirigido a la Policía Boliviana. Cuatro meses después de su escape, en una entrevista aseguró haber abandonado Bolivia y acusó al entonces ministro Del Castillo de ser “corrupto” y cómplice de su fuga.
Sin embargo, el operativo del viernes dejó en evidencia que, aparentemente, nunca salió del país: sus tres reapariciones públicas en 2025 –una carta enviada a periodistas en junio, un video amenazante en octubre y una entrevista a medios paraguayos en diciembre– se realizaron presuntamente desde locaciones dentro de territorio boliviano.
Durante su clandestinidad, la justicia nacional acumuló seis procesos en su contra con acusación formal y en etapa de juicio oral: privación de libertad de policías, uso de identidad falsa, tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas, y un caso en Beni vinculado a funcionarios de Migración.
En julio de 2024 fue declarado en rebeldía. Las autoridades incautaron al menos 22 bienes a su nombre: 11 inmuebles y el resto, vehículos de alta gama, además de armas de grueso calibre y animales exóticos. En septiembre de ese año, se halló un hangar en Santa Cruz con nueve avionetas vinculadas a su red.
La red criminal que lideró, según una investigación de la DEA, movió más de 16 toneladas de cocaína hacia Europa, entre ellas 11 incautadas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y 4,7 decomisadas en Paraguay. Era requerido por Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos, además de figurar en las listas de búsqueda de Interpol, Europol y la DEA. Esta última lo incluyó entre sus fugitivos más buscados desde mayo de 2025 y en febrero de 2026 ascendió al tercer lugar de esa lista, tras confirmarse la muerte de alias ‘El Mencho’, del Cartel Jalisco Nueva Generación. Estados Unidos ofrecía 2 millones de dólares por información que condujera a su captura.
Fue precisamente un seguimiento de más de 20 días, según publicó El Deber, el que permitió localizarlo en el barrio Las Palmas, detrás del mercado Abasto del tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra, donde fue detenido en una lujosa vivienda de 900 metros cuadrados –con siete dormitorios, cuatro salas, garaje para cinco vehículos y área de churrasquería– que paradójicamente estaba en venta.
En uno de los allanamientos simultáneos, en una propiedad del Urubó, los efectivos hallaron un cuadro que representaba a Marset junto a Pablo Escobar, Roberto Suárez, el Chapo Guzmán y el personaje ficticio Tony Montana, expuesto en un garaje con mesas de billar y vehículos de alta gama, uno de ellos blindado. El mismo viernes de su captura fue expulsado a Estados Unidos para que responda por cargos de lavado de activos del narcotráfico.
Bolivia era su base de operaciones y tenía “protección”
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que Marset eligió Bolivia como “base” de operaciones porque “aquí encontraba impunidad, porque aquí encontraba protección del anterior Gobierno”, en referencia a la gestión de Luis Arce (2020-2025). La declaración se produjo horas después de que el narcotraficante fuera capturado en Santa Cruz y expulsado a Estados Unidos.
La criminóloga Gabriela Reyes coincidió con esa lectura. “Sebastián Marset, un narcotraficante buscado con sello rojo de Interpol, decide quedarse en un lugar porque sabe que va a poder vivir tranquilo y con protección”, sostuvo en declaraciones a Urgente.bo, y agregó que su permanencia en territorio boliviano “solo responde a un elemento: él contaba con este tipo de protección”.
El senador José Sánchez (Libre) coincidió ingualmente con esa hipótesis. “Algo concreto es que hubo protección. Ahora hay que definir quiénes lo protegían, si fue la Policía o sectores del Gobierno”, señaló, según publicó la Red UNO.
¿Puede cobrar el Gobierno los $us 2 millones de recompensa?
El Gobierno de Bolivia confirmó que gestionará ante Estados Unidos el cobro de la recompensa de dos millones de dólares ofrecida por la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Los recursos se destinarían a los efectivos policiales que participaron en el operativo y al fortalecimiento institucional, una decisión que genera debate al tratarse de un Estado con la obligación legal de combatir el narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó el viernes que se harán los trámites diplomáticos necesarios para reclamar el incentivo, luego de asegurar que se enteró recién de su existencia. Por su parte, el viceministro el Régimen Interior, Hernán Paredes, detalló este sábado que el dinero se distribuiría entre los agentes que intervinieron en el caso y una parte, posiblemente la mitad, se asignaría a la compra de equipamiento especializado.
Marset fue detenido el viernes en Santa Cruz de la Sierra y trasladado de inmediato a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. La DEA incluyó al uruguayo en su lista de fugitivos más buscados hace un año y ofreció la suma para quien brindara información que condujera a su arresto.
No obstante, el Código de los Estados Unidos establece en su Título 22, Sección 2708, que los funcionarios públicos que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales no son elegibles para recibir recompensas bajo este programa. “Un funcionario o empleado de cualquier entidad del gobierno federal, estatal o local o de un gobierno extranjero que, en el desempeño de sus funciones oficiales, proporcione la información descrita en el inciso (b) no será elegible para una recompensa bajo esta sección”, reza el inciso f) de esa normativa, que rige el pago de las recompensas que otorga el Departamento de Estado.
Incautaciones por $us 15 millones tras captura de Marset en Santa Cruz
El Gobierno cifró este sábado en 15 millones de dólares el golpe al crimen por las incautaciones de viviendas, vehículos, aeronaves y armamento realizadas en los operativos que antecedieron y se efectuaron tras la captura, el viernes, del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, indicó en una rueda de prensa que el “daño económico” a la organización de Marset “supera los 15 millones de dólares”, sin tomar en cuenta varios objetos tecnológicos.
Paredes mencionó que entre los bienes incautados figuran dos aeródromos y 16 avionetas, 54 kilos de marihuana, una decena de vehículos, algunos de ellos con un alto nivel de blindaje, una motocicleta de lujo y 21 armas “sofisticadas”, entre otras pertenencias.
Entre las aeronaves se identificó una Beechcraft que, según se cree, utilizaba Marset para viajar, añadió.
También, señaló que se precintaron dos cajas fuertes “de gran tamaño” que serán abiertas en presencia de las autoridades.
Fuente: Correo del Sur
