La aprehensión del tiktoker Juan Carlos Villafuerte por presunta “difusión de información falsa” sobre el sistema financiero generó críticas hacia la ASFI, que aclaró no haber solicitado su detención. Expertos y autoridades debaten si sus declaraciones constituyen un delito o un ejercicio legítimo de libertad de expresión.
Juan Carlos Villafuerte, un joven tiktoker cruceño de 20 años, fue aprehendido bajo la presunción de haber cometido el delito de difusión de información financiera falsa, según la orden firmada por un fiscal en La Paz. La denuncia, presentada por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), se basa en un video donde Villafuerte advierte a sus seguidores sobre la supuesta pérdida de valor de sus depósitos en bolivianos debido a la subida del tipo de cambio y aconseja retirar sus ahorros de los bancos.
El artículo 363, inciso f, del Código Penal sanciona con penas de cinco a diez años y multas a quien difunda información falsa que provoque retiradas masivas de depósitos o afecte la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, la directora de la ASFI, Ivette Espinoza, aclaró que la entidad solo presentó la denuncia y no pidió la aprehensión del joven.
El abogado constitucionalista José Luis Santistevan afirmó que Villafuerte no cometió un delito y denunció un abuso contra la libertad de expresión. Según él, no existen pruebas claras de que el tiktoker haya generado un daño concreto al sistema financiero, y señaló que la información expresada en sus videos refleja una realidad conocida sobre la depreciación del boliviano frente al dólar.
Por otro lado, el economista Roger López reconoció que el tema es delicado y que la Ley 393 busca evitar desestabilizaciones provocadas por rumores infundados, pero criticó la falta de acción de la ASFI frente a otros posibles delitos financieros más graves, lo que, según él, evidencia un sesgo en la protección de los bancos más que de los ahorristas.
La directora de la ASFI insistió en que la denuncia fue un acto legal para proteger los ahorros del público y que las decisiones posteriores corresponden al Ministerio Público.
Este caso ha abierto un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección del sistema financiero en Bolivia, así como la actuación de las autoridades ante opiniones públicas que podrían influir en la confianza del público.
Fuente: El Deber
