Según el documento presentado ante el fiscal Alberto Zeballos, Lucho Roma aprovechó su cargo como director de una escuela de convenio «Fe y Alegría» y su rol como párroco en Charagua para captar a niñas de entre 4 y 12 años.
Dos de las más de setenta víctimas del fallecido sacerdote jesuita Luis María Roma Padrosa formalizaron este viernes una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. La acción legal se dirige contra cinco exautoridades de la Compañía de Jesús, acusadas de permitir que los abusos sistemáticos contra niñas indígenas guaraníes continuaran impunes durante décadas.
Los delitos y los acusados
La denuncia identifica a los exprovinciales y superiores jesuitas Osvaldo Chirveches Pinaya, René Cardozo Cortez, Antonio Menacho García, Arturo Moscoso Pacheco e Ignacio Suñol Esquirol. Se les atribuyen los delitos de complicidad y encubrimiento en relación con el delito de violación agravada.
Un patrón sistemático de abuso
Según el documento presentado ante el fiscal Alberto Zeballos, Lucho Roma aprovechó su cargo como director de una escuela de convenio «Fe y Alegría» y su rol como párroco en Charagua para captar a niñas de entre 4 y 12 años.
El «modus operandi» incluía el uso de dulces, regalos y proyecciones de películas para ganar la confianza de las menores, a quienes posteriormente sometía a vejámenes sexuales y violación, sesiones colectivas que él mismo documentaba en diarios y archivos digitales. Se estima que el número de víctimas alcanza las 70 niñas y un número indeterminado de niños.
El «muro de silencio» institucional
El punto central de esta denuncia es el presunto encubrimiento estructural por parte de la jerarquía jesuita. De acuerdo con las denunciantes, las autoridades eclesiásticas:
Conocieron los hechos: Existen testimonios que aseguran que superiores como Antonio Menacho y Arturo Moscoso supieron de las fotografías de los abusos desde 2008 y 2017, respectivamente.
Ocultaron evidencia: Se acusa a Ignacio Suñol de haber remitido la investigación canónica interna a Roma en lugar de a la justicia ordinaria boliviana, contribuyendo al ocultamiento de información crítica.
Facilitaron la continuidad: En el caso de Osvaldo Chirveches, se denuncia que, en lugar de procesar al agresor, dispuso su traslado a otras comunidades, exponiendo a nuevas víctimas.
Petición de justicia
Las víctimas solicitan al Ministerio Público el inicio inmediato de una investigación penal exhaustiva. La denuncia exige que se emita la imputación formal contra los señalados y que, en sentencia, se imponga la pena máxima prevista por ley, considerando que eran niñas pequeñas al momento de sufrir los vejámenes, la extrema vulnerabilidad de las víctimas y la gravedad del encubrimiento institucional.
Mientras tanto en España
El Parlamento de Cataluña ha iniciado, ayer jueves, el proceso para evaluar la creación de una comisión de investigación sobre delitos de lesa humanidad. La solicitud de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes surge a raíz de los casos de abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Compañía de Jesús de Cataluña y su impacto internacional, específicamente en Bolivia.
Alcance de la investigación: Se busca determinar la responsabilidad de la Compañía de Jesús, su conexión con las autoridades eclesiásticas y el papel de la Generalitat de Cataluña.
Traslados y Reparación: La investigación abordaría los traslados de los implicados y las medidas de reparación necesarias para la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
Estado de la solicitud: La petición ha sido admitida a trámite y será revisada por la Comisión de Peticiones para su admisión definitiva, según el artículo 69 del Reglamento del Parlamento.
Participación de Bolivia: El Estado Plurinacional de Bolivia es reconocido como parte perjudicada en estos hechos.
«La Comisión de Peticiones es el órgano competente para tramitar las peticiones de los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición individual o colectiva al Parlamento de Cataluña», señala la respuesta oficial a Alejandro Klock Varas, representante legal de la CBS.
