La instancia iniciará funciones con la elección de su directiva y la aprobación de su reglamento. Denuncias contra la diputada serán evaluadas en el marco de las primeras actuaciones.
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados iniciará formalmente sus actividades este martes, con una sesión en la que se definirá su estructura interna y se comenzará a organizar el tratamiento de las denuncias recibidas, entre ellas las que involucran a la esposa del vicepresidente y diputada Diana Romero.
El diputado Luis Laredo, miembro titular de esta instancia, confirmó que la primera reunión tendrá como eje central la conformación de la directiva, paso previo para poner en marcha el trabajo de la comisión. Según explicó, también se revisará la correspondencia ingresada, lo que permitirá identificar los casos que serán atendidos.
“Lo primero es conformar la directiva y, a partir de ahí, tomar conocimiento de las denuncias para informar con claridad a la población sobre su estado y los pasos a seguir”, señaló.
Entre los temas que se perfilan como prioritarios está la situación de la legisladora Diana Romero, quien enfrenta cuestionamientos por reiteradas inasistencias a sus funciones. El diputado Alejandro Reyes indicó que este caso será uno de los primeros en ser analizados por la comisión.
“Lo importante es que se haga una investigación, porque estos hechos afectan al prestigio de la Cámara de Diputados”, afirmó el legislador, al remarcar que el proceso se desarrollará bajo criterios éticos y morales.
La comisión evaluará además las justificaciones presentadas por Romero y, en función de la gravedad de las observaciones, se determinarán posibles sanciones conforme a la normativa vigente.
La instancia fue conformada recientemente mediante una resolución aprobada por unanimidad en el pleno de la Cámara de Diputados, en el marco de la Constitución y los reglamentos internos. Sus integrantes ya fueron posesionados y ahora se alistan para encarar su labor.
Desde la Asamblea se remarcó que el objetivo de esta comisión es fortalecer la institucionalidad, promover la transparencia y prevenir conductas que afecten la imagen del órgano legislativo.
