La Fiscalía Departamental de La Paz presentó acusación formal contra cuatro exfuncionarios del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), por el robo de Bs 600.000 y $us 83.000 a un librecambista, ocurrido en diciembre de 2024. El caso involucra delitos de corrupción, extorsión y abuso de autoridad, en el marco de una investigación posterior a un primer atraco que ya había afectado a la víctima.
Cuatro exmiembros del DACI, una unidad élite de la Policía Boliviana, serán llevados a juicio por su presunta participación en un robo millonario a un librecambista, quien ya había sido víctima de un atraco armado cometido por extranjeros. El hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2024, en la zona de San Miguel, en la ciudad de La Paz.
El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se formalizó la acusación contra Juan B.V.P., David D.G.T., Claudio I.S.O., y Julio C.V.O., exfuncionarios policiales de entre 28 y 47 años, quienes ya fueron dados de baja en procesos disciplinarios internos. Los delitos imputados son cohecho pasivo propio y concusión, y los exagentes podrían enfrentar hasta 12 años de prisión.
Según la investigación, el librecambista, de 37 años, fue asaltado inicialmente por un grupo de extranjeros, quienes le sustrajeron un millón de bolivianos. Posteriormente, al acudir al DACI para denunciar el hecho, fue interrogado sin su abogada en al menos siete ocasiones, hasta que los efectivos lo presionaron para declarar que se trató de un «auto robo».
El fiscal del caso, Daniel Portales, detalló que durante la requisa en la casa de cambios, los acusados persuadieron a la víctima para que apagase las cámaras de seguridad. A cambio de su «ayuda», le exigieron dinero, recibiendo primero $us 30.000. Luego, bajo el pretexto de preparar el secuestro del dinero por parte de Laboratorio, le pidieron que entregara tres mochilas con Bs 600.000 y $us 53.000 adicionales, supuestamente para ser entregados a su esposa. Sin embargo, los exagentes nunca realizaron dicha entrega y negaron haber recibido los fondos, según denunció la víctima.
La Fiscalía cuenta con 58 pruebas, incluyendo informes de la ASFI, testimonios directos, y un desfile identificativo en el que la víctima reconoció a los acusados. Estas evidencias refuerzan la acusación que ahora avanza a la etapa de juicio oral.
Este escándalo no solo refleja un caso grave de corrupción dentro de las filas policiales, sino que pone en evidencia los riesgos que enfrentan los operadores financieros informales, quienes, tras ser víctimas de la delincuencia común, pueden quedar también expuestos a abusos institucionales.
Fuente: El Deber
