En Bolivia, los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control. Los bosques de la Reserva San Rafael, la reserva municipal El Curichi Las Garzas y el Parque Nacional Amboró son epicentros de este grave problema. Detrás de los avasallamientos, encontramos también deforestación.
Los avasallamientos se han concentrado en las regiones de Beni y sobre todo de Santa Cruz. Se calcula que el 80 % de las tomas de tierra ilegales se ubica en esa última región. “Son grupos armados, son grupos contratados que ingresan a diferentes predios después de varios análisis”, dice una fuente policial sobre cómo funcionan los avasallamientos en Bolivia.
Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra, señala que el principal motor de los avasallamientos en el país es la agricultura mecanizada, pero también la expansión de la ganadería. “Sin embargo, en el último tiempo, la minería legal e ilegal también está provocando avasallamientos en territorios indígenas o Territorios Comunitarios de Origen, y en áreas protegidas como el Madidi y otras áreas protegidas de carácter municipal”, dice Colque.
Según los expertos consultados, el objetivo principal de los avasalladores es tomar posesión física de las tierras y luego legalizarlas ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Bolivia cuenta con la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras. Esta norma sanciona a los traficantes de tierra y avasalladores con privación de la libertad. Sin embargo, la ley se ha aplicado en algunos casos de avasallamiento de propiedades privadas, pero no de áreas protegidas.
