La joven aseguró que se retractó ante la jueza y funcionarios de la Defensoría de la Niñez, pero no fue escuchada. Pide que levanten la condena de 15 años impuesta contra su progenitor, quien está enfermo en el penal de Morros Blanco y recibe amenazas.
“Estoy sinceramente arrepentida por lo que hice. Si mi padre me está escuchando le pido de todo corazón que un día me perdone. Haré todo lo posible para sacarlo (de la cárcel). Fue en un momento de rabia que lo denuncié, él está injustamente ahí”, declaró Miriam, una joven que confesó haber acusado falsamente a su progenitor por violación.
Hace unos días, la joven se presentó a la plaza principal de la ciudad de Tarija, donde le indicaron que se reunían los periodistas. Al llegar, vio a un grupo de personas con micrófonos y cámaras y se les acercó.
“Quiero hacer una denuncia. Quiero pedir por la libertad de mi papá, que está enfermo y es inocente de una violación”, explicó Miriam, quien afirmó que llegó de Argentina, y pidió mantener en reserva su identidad.
Los periodistas se vieron sorprendidos al escuchar que el padre de la joven fue sentenciado a 15 de años de cárcel, acusado por violación, fruto de una denuncia que la ahora persona mayor de edad hizo cuando tenía 14 años.
Sostuvo que hizo esa grave acusación contra su progenitor, motivada por la rabia que sentía contra él en ese momento. Relató que el padre la había golpeado luego de enterarse que estaba embarazada.
La confesión se tornó aún más sorprendente, cuando Miriam relató que mintió en contra de su papá, con el objetivo de lograr que la Defensoría de la Niñez de Tarija avale el aborto que ella quería realizarse, y que la única forma legal de lograr una autorización para ese tipo de procedimiento era denunciar que el embarazo fue producto de una violación, según la explicación que le dieron otras personas que la indujeron a montar la denuncia por un hecho que jamás ocurrió.
Buscan a padre e hija
Debido a que la entrevista generó solicitudes de ampliar datos por parte de los periodistas, la joven decidió retirarse y no dio mayores detalles que ayuden a revertir la situación legal en la que se encuentra su padre.
“Ella dijo que también vivía en el campo y que por eso no tenía una idea clara de cómo ayudar a su papá. No quiso dar sus datos y es una preocupación, porque varios abogados nos llamaron para atender su caso sin costo”, mencionó una de las periodistas que estuvo presente.
La falta de esos datos impide “abrir un caso” a la Defensoría del Pueblo, ya que se desconocen los datos básicos de la persona afectada, según lo manifestado a EL DEBER por la delegada defensorial en Tarija, Cecilia Bolívar. No obstante, indicó que al tratarse de una denuncia pública y con datos preocupantes, los funcionarios iniciaron una indagación entre los periodistas que tuvieron contacto con Miriam.
El párroco
Consultado sobre si conocía el caso, el párroco del penal de Morros Blancos, Miguel Sotelo, relató que una semana atrás lo visitó una mujer acompañada de su hija, para buscar consejo sobre el mismo problema.
Relató que la madre y la hija afirmaron que el hombre sentenciado “nunca tocó” a la supuesta víctima y que la denuncia se produjo por un acto de venganza hacia el padre.
Sotelo, explicó que lastimosamente no se trata de un caso aislado en Tarija, pues recordó otros en los que inocentes fueron encarcelados en Morros Blancos, acusados por agresiones sexuales que no cometieron. El clérigo hizo duras críticas al trabajo de los administradores de justicia, los abogados y a la manipulación en la aplicación de normas, como la Ley 348, de Lucha contra la violencia hacia la mujer.
“Generalmente estos chicos y chicas, apoyados por estas leyes, actúan por emociones negativas. Aunque el padre ni las hubiera tocado, pues lo denuncian por violación. En este caso, vinieron la madre y la hija a decirme que su papá nunca lo tocó, pero por rabia lo acusó”, explicó Sotelo.
El religioso, que es parte de la parroquia en ese penal desde hace 11 años, señaló a fiscales y jueces como los principales responsables del encarcelamiento de inocentes por “falsas denuncias”, como se dio en el caso de Richard Mamani Martínez, quien estuvo preso cumpliendo una condena de 25 años de cárcel, por una violación que no cometió.
En junio de 2025, Mamani fue liberado luego de permanecer nueve años recluido en el penal de Morros Blancos, a donde fue llevado cuando tenía 19 años, luego de que una menor de 12 años denunció la agresión sexual, que fue cometida por otra persona a la que ella identificó, pero cuya versión no fue tomada en cuenta.
El aborto
De acuerdo a la versión de la joven arrepentida Miriam, que no precisó fechas, ella quedó embarazada a sus 14 años. Aunque se desconoce el contexto en el cual se produjo dicho embarazo, la noticia generó molestia en el padre quien, al parecer, vivía en otro lugar, pero al enterarse la golpeó como castigo.
En ese momento, explicó Miriam, todos vivían en Argentina, pero con la idea de evitar que el embarazo prosiga, madre e hija recurrieron a la Defensoría de la Niñez en Tarija, para lograr autorización de practicarse un aborto, basada en que el mismo fue producto de una violación de la cual se responsabilizó al papá, que a su vez fue recluido en Morros Blancos.
Desde la denuncia han transcurrido más de tres años, en los que su padre, además de ser sentenciado, sufre amenazas de muerte y extorsiones de otros internos, según explicó la hija. A todo ese contexto, se suma que la familia del padre informó que ahora se encuentra muy enfermo y temen por su vida.
“La está pasando mal, pido justicia para mi papá. Estuve en las audiencias (de juicio), hablé con la juez y le dije que en ningún momento fui tocada y me parece que la juez no estaba muy bien, me dijo ‘está bien, eso es todo’ y me sacó de la audiencia”, relató Miriam.
La joven afirma que ella se retractó incluso ante el personal de la Defensoría de la Niñez, cuando fue convocada a declarar por segunda vez y cuando ella aún era menor de edad.
Hasta el momento se desconoce la identidad del padre y su estado de salud. Asimismo, esa falta de información impide que la Defensoría de la Niñez verifique si la sentencia ya fue ejecutoriada o si el afectado aún puede recurrir a una apelación antes de ir a la justicia internacional.
Cuestionamientos
Para los expertos, el caso del padre de Miriam aún puede ser revertido, pero cuestionan el accionar de jueces, fiscales y los funcionarios de otras instancias, como la Defensoría de la Niñez de Tarija, por no realizar una investigación completa y no valorar la confesión de la supuesta víctima.
En criterio del abogado Marcial Huanca, en caso de la que la sentencia haya sido ejecutoriada, el afectado aún puede recurrir a una revisión extraordinaria de la condena, en la que puede legalizar la versión de arrepentimiento de la hija.
Similar criterio emitió la exdirectora de la Fiscalía especializada en víctimas de atención prioritaria, Karina Cuba, quien sostuvo que, además, el padre de Miriam puede presentar un amparo constitucional, tomando en cuenta que se vulneran derechos fundamentales con la sentencia.
En ese contexto, los expertos advirtieron que, para tomar acciones, se debe precisar en qué etapa del proceso se produjo la retractación de la hija y si esta fue registrada de forma adecuada. No obstante, en criterio de Huanca, los principales responsables son los fiscales y luego los jueces que estuvieron cargo del caso, tanto en la etapa de investigación como durante el juicio y consideran importante tomar una nueva pericia psicológica a la hija del afectado.
