El crimen de Víctor Hugo Claure se registró en un contexto de múltiples ejecuciones en el país en pocos días. Autoridades judiciales, policiales y analistas advierten que los hechos responden a disputas internas y estructuras criminales.
El magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue asesinado la noche del jueves 30 de abril en Santa Cruz de la Sierra, tras ser interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta que le dispararon cuando descendía de un taxi, en la avenida Busch. El caso se produjo en un contexto de violencia registrada en distintas regiones del país durante las últimas semanas, con varios episodios que presentan características de sicariato.
Uno de los primeros casos se registró el 11 de abril en Santa Cruz, en la zona de la radial 26 y cuarto anillo. José Ángel Castañeta Montaño, alias “Cara de bebé”, fue interceptado por extranjeros que intentaron secuestrarlo. Ante su resistencia, los sujetos le dispararon a quemarropa. La víctima fue trasladada a un centro médico, donde falleció dos días después.
El segundo caso ocurrió la noche del sábado 25 de abril en el municipio de San Matías. Douglas Queiroz, ciudadano brasileño con antecedentes vinculados al narcotráfico, fue interceptado por dos hombres encapuchados mientras participaba en un campeonato de fútbol. Los atacantes abrieron fuego y le quitaron la vida en el lugar.
Esa misma noche, en el municipio de Puerto Quijarro, otro ciudadano brasileño, identificado como Elwis Arantes Tobal, fue asesinado mientras consumía bebidas alcohólicas. Recibió múltiples disparos de arma de fuego. El caso fue vinculado a disputas entre organizaciones criminales, entre ellas el PCC y el Comando Vermelho.
El cuarto episodio se registró la tarde del domingo 26 de abril en la zona de Nueva Santa Cruz. José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepo”, identificado como piloto vinculado a estructuras del narcotráfico, fue ejecutado cuando se encontraba dentro de su vehículo. Los atacantes descendieron de una camioneta y dispararon directamente contra la víctima.
Después del asesinato, se registraron al menos dos nuevos casos. En Bermejo, un hombre fue interceptado por sicarios cuando se encontraba en una camioneta y recibió múltiples disparos. En Santa Cruz, un ciudadano colombiano fue acribillado en puertas de una discoteca, ataque en el que otra persona resultó herida.
De acuerdo con los reportes preliminares, varios de estos casos comparten patrones similares en la ejecución, como el uso de armas de fuego, ataques directos y participación de más de un agresor, elementos considerados en las investigaciones en curso.
El coronel de policía (r) Rubén Barrientos explicó que el ataque contra Claure responde a una modalidad estructurada. “Lo han esperado. Ha sido una ejecución rápida, planificada”, señaló al referirse a la mecánica del ataque.
Barrientos indicó que este tipo de acciones implica seguimiento previo y selección de la víctima, y que la investigación debe considerar tanto el entorno personal como el laboral.
Desde el ámbito judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, señaló que existe una “ausencia de Estado” y que el sicariato “le dobló el brazo al Estado”.
En una segunda publicación, agregó: “Así empezó la Colombia de Pablo Escobar. 1985 y un atentado contra magistrados del Poder Judicial”, al referirse al contexto del caso.
El general retirado Jorge Santistevan afirmó que estos casos responden a decisiones dentro de estructuras criminales. “Han mandado a asesinar personas”, indicó al referirse a la secuencia registrada.
Santistevan señaló que estos asesinatos suelen estar vinculados a disputas internas en organizaciones dedicadas al narcotráfico.
En paralelo al hecho del 30 de abril, se reportó la salida no autorizada de una avioneta Cessna con matrícula CP-2843 desde el aeropuerto El Trompillo. La aeronave había sido incautada el 27 de marzo en un proceso por narcotráfico y debía permanecer bajo custodia estatal.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer responsabilidades en cada uno de los casos registrados. con matrícula CP-2843 desde el aeropuerto El Trompillo. La aeronave había sido incautada el 27 de marzo en un proceso por narcotráfico y debía permanecer bajo custodia estatal.
