El Gobierno nacional presentó este jueves la nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables, una normativa –que según las autoridades—apunta a modernizar el sistema eléctrico boliviano, incorporar energías renovables y abrir mayor participación al sector privado.
El acto tuvo la presencia de los ministros José Luis Lupo, de la Presidencia, y Marcelo Blanco, de Hidrocarburos.
Durante la conferencia de prensa, Lupo recalcó que la iniciativa forma parte de un paquete de “leyes estructurales” destinadas a generar seguridad jurídica y atraer inversiones nacionales y extranjeras.
“El déficit fiscal solo puede ser corregido a partir de mejorar los ingresos y eso se logrará con inversiones, pero las inversiones van a venir solamente si existe seguridad jurídica”, sostuvo la autoridad.
El ministro explicó que, además de la ley eléctrica, el Gobierno prevé presentar en los próximos días proyectos relacionados con inversiones, minería e hidrocarburos.
Ley de Electricidad
Por su parte, Blanco señaló que la actual normativa eléctrica quedó desactualizada y no guarda una relación directa con la Constitución Política del Estado (CPE), además de no contemplar plenamente aspectos vinculados a energías renovables, almacenamiento energético y generación distribuida.
“Pasamos de un mercado controlado prácticamente por el Estado a un mercado competitivo, dando el rol que le corresponde al sector privado”, afirmó.
La nueva propuesta establece cambios estructurales en el modelo eléctrico nacional, incorporando nuevos actores como comercializadores de energía y mecanismos de subasta para proyectos de energías renovables, con el objetivo de promover mayor competencia y transparencia.
Asimismo, la norma plantea fortalecer la planificación energética, recuperar la independencia del ente regulador y avanzar hacia una mayor diversificación de la matriz energética, reduciendo la dependencia del gas natural.
Según Blanco, uno de los objetivos centrales es convertir a Bolivia en un “hub energético” regional mediante la integración eléctrica con países vecinos y el impulso a nuevas líneas de transmisión internacional.
El proyecto iniciará ahora un proceso interno de revisión técnica y jurídica dentro del Ejecutivo, antes de remitirlo a la Asamblea Legislativa. Paralelamente, el Gobierno anunció que realizará una etapa de socialización con actores del sector energético y organizaciones de la sociedad civil.
