El ministro José Gabriel Espinoza confirma firma digital, mayor autonomía presupuestaria y revisión de la Ley de Autonomías
Durante la cumbre política “Acuerdo nacional para la estabilidad y las reformas” realizada en Cochabamba, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció un paquete de medidas orientadas a agilizar la gestión de gobernaciones y alcaldías, destacando la implementación de la aprobación “automática” de recursos.
La autoridad explicó que el Ministerio de Economía dejará de intervenir en la aprobación de anticipos presupuestarios, permitiendo que las entidades subnacionales accedan de forma directa a estos fondos. “El Ministerio de Economía ya no va a aprobar los anticipos (…) van a poder solicitarlos y hacerlos automáticamente, sin esperar el trámite”, sostuvo.
En esa línea, reconoció el contexto de emergencia que atraviesan varias regiones del país, por lo que aseguró que “quienes requieran recursos ahora los van a poder tener automáticamente”, eliminando los procesos burocráticos que retrasaban la ejecución presupuestaria.
Otra de las medidas anunciadas es la implementación de la firma digital para trámites administrativos, lo que permitirá a gobernadores y alcaldes gestionar sus solicitudes sin necesidad de trasladarse hasta la sede de gobierno. Con esta herramienta, se busca descentralizar la gestión y reducir tiempos en los procesos.
Asimismo, Espinoza informó que, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, equipos técnicos del Ministerio de Economía recorrerán cada departamento para atender de manera directa las problemáticas expuestas por las autoridades regionales durante el encuentro.
El ministro también adelantó la eliminación de requisitos de aprobación mediante leyes o decretos para realizar modificaciones presupuestarias, lo que permitirá a los gobiernos subnacionales mayor libertad en la administración de sus recursos humanos y en la definición de sus estructuras internas.
Finalmente, anunció que el Ejecutivo impulsará una revisión de la Ley de Autonomías a través de una acción constitucional, con el objetivo de evaluar y eventualmente eliminar disposiciones que limiten la gestión de las entidades territoriales.
