México ha encontrado una aparente vía de escape ante la ofensiva política y verbal del presidente estadounidense Donald Trump: la entrega continua de narcotraficantes presos. Pero detrás de esta estrategia emergen señales de una creciente subordinación ante Washington y un nuevo temor latente: que la presión no termine con los capos, sino que avance hacia políticos ligados al narco.
A solo días de conocerse una supuesta orden ejecutiva que autoriza la intervención militar estadounidense en Latinoamérica contra los carteles de la droga, el Gobierno de México entregó a Estados Unidos una nueva remesa de 26 narcotraficantes presos. El gesto parece encajar perfectamente en la política oscilante del presidente Donald Trump, que combina amenazas con exigencias cada vez más amplias, en una dinámica que muchos expertos ya califican como una forma velada de extorsión diplomática.
El investigador Carlos Pérez Ricart, experto en seguridad, lo resume con claridad: “Esta relación bilateral no se puede decir de cooperación, sino de extorsión”. Según él, la entrega periódica de reclusos forma parte de un patrón en el que México cede ante las presiones de Washington para evitar impactos económicos mayores, como afectaciones al tratado comercial o sanciones indirectas.
La entrega de criminales no es solo un acto de colaboración, sino también una confesión tácita de la debilidad institucional mexicana. Las autoridades han admitido que muchos de estos capos seguían operando desde prisión, corrompiendo al sistema judicial o buscando su libertad mediante amparos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció públicamente que los reclusos enviados a EE.UU. representan una amenaza incluso tras las rejas. La reciente fuga de Zhi Dong Zhang, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, desde un cómodo arresto domiciliario, ilustra la magnitud del problema.
Pero el trasfondo de este intercambio va más allá de las prisiones. Trump ha acusado al Gobierno mexicano de mantener “alianzas intolerables” con el crimen organizado, y se rumorea la existencia de una lista secreta de políticos coludidos con el narcotráfico. La reciente cancelación de visas a figuras como la gobernadora de Baja California, Pilar Ávila, o el exdirector de la CFE, Manuel Bartlett, alimenta esas sospechas. Para el experto Raúl Benítez Manaut, estas acciones son señales inequívocas de que Washington ya apunta más alto: hacia los llamados “narcopolíticos”.
La posibilidad de que Trump exija la extradición o sanción directa de políticos mexicanos vinculados al crimen organizado ya no parece remota. Pérez Ricart anticipa que ese será “el siguiente paso”, y advierte sobre los riesgos de seguir alimentando la dinámica actual: “Cuando se alimenta al monstruo, le crecen las cabezas”. Además, considera que una eventual intervención militar sería un punto de no retorno para la relación bilateral.
En paralelo, el gobierno de Claudia Sheinbaum se mueve con cautela. A pesar de las acusaciones, la mandataria ha mantenido la cooperación con EE.UU. y ha evitado confrontaciones directas. García Harfuch, su principal operador en materia de seguridad, ha presentado operativos relevantes, como la reciente detención de 27 personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero el caso de Tabasco, que involucra al senador de Morena Adán Augusto López y su presunto vínculo con el cartel La Barredora, amenaza con desestabilizar al partido gobernante si Trump eleva aún más la presión.
Mientras tanto, la política de seguridad mexicana parece estar atrapada en un círculo vicioso: entregar capos a cambio de estabilidad económica y mantener una apariencia de cooperación, aun a costa de su soberanía. La pregunta que resuena es si esta estrategia bastará para calmar las exigencias del norte, o si el verdadero objetivo ya ha cambiado: que detrás de los capos, desfilen los políticos.
Fuente: El Pais
