El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva que autoriza el uso de fuerzas armadas estadounidenses para emprender operaciones contra carteles del narcotráfico fuera del país, marcando un giro radical en la política antidrogas y desatando un debate legal sobre el alcance del poder presidencial.
En una decisión sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha ordenado al Pentágono iniciar operaciones militares directas contra carteles de la droga en el extranjero. La medida, revelada por The New York Times y confirmada por fuentes del gobierno, permite al ejército actuar en territorios y aguas internacionales contra organizaciones que han sido previamente designadas como grupos terroristas por su administración.
La directiva —firmada en secreto y aún no confirmada públicamente por la Casa Blanca, el Pentágono ni el Departamento de Estado— abre la puerta a la militarización de la lucha contra el narcotráfico, un campo que hasta ahora había sido competencia exclusiva de agencias policiales. Según fuentes cercanas a la planificación, las autoridades estadounidenses ya trabajan en opciones operativas que permitirían perseguir a estas organizaciones en países latinoamericanos, con especial foco en México y Venezuela.
La iniciativa busca combatir directamente el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales que, según la administración Trump, son responsables de la peor crisis de adicciones en décadas. Washington ha vinculado a carteles mexicanos como el de Sinaloa y a organizaciones como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) con amenazas a la seguridad nacional. Incluso, el gobierno ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de estar vinculado al narcotráfico internacional.
La nueva estrategia también ha incluido pasos adicionales, como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera suroeste y el fortalecimiento de los operativos antidrogas. En febrero, el Departamento de Estado designó a varias bandas criminales como organizaciones terroristas extranjeras, reforzando el argumento legal para su persecución militar.
Sin embargo, la decisión plantea serias dudas legales. Según la Constitución de Estados Unidos, el Congreso es la única instancia con autoridad para autorizar el uso de la fuerza militar en el exterior, salvo en casos de defensa inmediata. La orden ejecutiva de Trump, al tratarse de una acción de carácter policial trasladada al ámbito militar, genera incertidumbre sobre su validez jurídica. Hasta ahora, no se conoce ninguna opinión oficial por parte de los asesores legales de la Casa Blanca ni del Departamento de Justicia.
A esto se suma un correo interno del FBI, revelado por la ONG Property of the People y citado por Reuters, en el que se solicita a las policías locales que identifiquen a sospechosos con vínculos a los carteles designados como terroristas. La intención es incluir sus nombres en la lista federal de vigilancia terrorista creada tras los atentados del 11 de septiembre.
El alcance de esta política genera preocupación tanto dentro como fuera de EE. UU. Grupos de derechos civiles temen que esta militarización derive en operativos con víctimas civiles y violaciones del derecho internacional. Por su parte, países latinoamericanos observan con inquietud la posibilidad de incursiones unilaterales bajo el pretexto de la lucha antidrogas.
A medida que se aproxima el año electoral, la medida refuerza la retórica de mano dura de Trump, aunque expone a su gobierno a un posible conflicto diplomático y legal, especialmente si se concretan acciones armadas sin consentimiento de los países involucrados. La decisión, aún rodeada de secreto, marca un punto de inflexión en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos.
Fuente: El País
