La Asamblea de Derechos Humanos, a través de su presidenta Yolanda Herrera, alertó sobre los altos índices de violencia dentro del penal de Morros Blancos, denunciando que grupos de poder internos estarían ejerciendo control sobre el recinto, poniendo en riesgo la integridad de los privados de libertad.
La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, Yolanda Herrera, se pronunció de manera contundente ante la creciente preocupación por la situación que se vive al interior del penal de Morros Blancos, ubicado en el departamento de Tarija. Según denunció, se estarían formando grupos de poder que operan de manera organizada, controlando espacios clave del recinto carcelario y generando un clima de violencia, intimidación y vulneración de derechos.
“Nos preocupa profundamente que el penal de Morros Blancos esté convirtiéndose en un espacio sin control institucional. Recibimos constantes denuncias de familiares y reclusos que hablan de amenazas, cobros ilegales, agresiones físicas y un régimen de miedo impuesto por grupos internos”, señaló Herrera en declaraciones públicas.
La Asamblea de Derechos Humanos exige a las autoridades del Régimen Penitenciario y del Ministerio de Gobierno tomar acciones inmediatas para investigar esta situación y restablecer el orden en el penal. Herrera también instó al Ministerio Público a abrir una investigación para identificar a los responsables de estos hechos y garantizar el respeto a los derechos humanos dentro del recinto.
La denuncia se da en un contexto donde ya se habían reportado incidentes previos de violencia, hacinamiento y falta de control efectivo por parte de las autoridades penitenciarias. Sin embargo, la declaración de Herrera pone el foco en una nueva dimensión del problema: la conformación de estructuras de poder paralelas dentro del penal.
“Las cárceles no pueden convertirse en zonas liberadas ni en centros de poder al margen del Estado. Es urgente una intervención que garantice no solo la seguridad, sino también condiciones mínimas de dignidad para quienes están privados de libertad”, concluyó la presidenta.
La Asamblea anunció que enviará un informe detallado a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, solicitando seguimiento al caso y la pronta actuación del Estado para frenar lo que consideran una grave vulneración de derechos fundamentales.
