El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en su informe anual de derechos humanos graves denuncias sobre la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, destacando casos de tortura, detenciones arbitrarias y obstrucción al debido proceso judicial.
El caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue incluido en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se denuncian múltiples violaciones a garantías fundamentales. El documento, enviado al Congreso estadounidense el 12 de agosto, señala abusos estructurales en el caso del líder opositor, quien permanece con detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro desde diciembre de 2022.
El reporte, basado en testimonios de activistas y allegados a Camacho, describe un deterioro constante en su estado de salud producto de las condiciones de su reclusión. Además, destaca un episodio en marzo de 2024, cuando el Régimen Penitenciario Nacional impidió su traslado a Santa Cruz para una audiencia oral, pese a una orden judicial vigente, alegando razones de seguridad que no fueron debidamente fundamentadas.
El Departamento de Estado concluye que estos hechos configuran una violación al debido proceso y al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, además de remarcar que ningún funcionario ha sido sancionado por violaciones a los derechos humanos en Bolivia en los últimos años, lo que, según el informe, alimenta una preocupante percepción de impunidad.
En respuesta, el equipo jurídico de Camacho celebró la inclusión del caso en el informe, asegurando que representa un reconocimiento internacional a las denuncias de persecución política que sostienen desde 2022. En un comunicado emitido este jueves, afirmaron que “estos funcionarios pronto responderán ante la justicia local e internacional. ¡Ya falta poco!”.
El gobierno boliviano, por su parte, rechazó el informe en su totalidad. A través de un comunicado emitido por la Cancillería el 15 de agosto, calificó el documento como “unilateral, carente de rigor, objetividad y validez”. La nota oficial acusó al gobierno estadounidense de utilizar una visión intervencionista que desconoce la realidad del país y busca incidir en la política interna boliviana en pleno proceso electoral.
Pese a esa negativa, el informe no se limita al caso Camacho. También documenta otras situaciones preocupantes como torturas y tratos crueles en cárceles y dependencias policiales, además de la judicialización de opositores como la expresidenta Jeanine Áñez y el exlíder cívico Rómulo Calvo. Asimismo, alerta sobre un clima hostil hacia la prensa, con 47 agresiones registradas contra periodistas durante movilizaciones en 2024 y ataques digitales dirigidos especialmente contra mujeres comunicadoras.
El informe forma parte de una serie anual que elabora el Departamento de Estado desde 1977, por mandato del Congreso de Estados Unidos, como herramienta de seguimiento a las condiciones de derechos humanos en los países miembros de la ONU. Se basa en información de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y actores de la sociedad civil internacional.
