El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé instó a asumir la crisis judicial y penitenciaria como una política de Estado, y no como iniciativa partidaria o personal. Denunció que el abuso de la detención preventiva refleja fallas profundas en el sistema judicial, y planteó seis causas estructurales que, a su juicio, agravan el colapso carcelario en Bolivia.
En medio del creciente debate sobre la detención preventiva en Bolivia, el expresidente del Estado y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, advirtió que las soluciones no deben ser manejadas desde el interés político ni mediante iniciativas aisladas. En un pronunciamiento difundido en la red social X, el exmandatario afirmó que se trata de una crisis del sistema judicial que exige una respuesta estructural y con consenso nacional.
“Las soluciones a esta particular crisis del sistema judicial deben ser asumidas como una política de Estado, no de Gobierno, ni de iniciativas personalizadas y menos político partidarias”, escribió.
Las declaraciones surgen tras una orden emitida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, el pasado 22 de agosto, para revisar la situación de detención preventiva de figuras como Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. La decisión generó malestar entre los privados de libertad en varios penales del país, quienes denunciaron trato desigual y privilegiado.
Según datos oficiales, la mayoría de los internos en Bolivia no tiene condena, y permanece en prisión bajo detención preventiva, una situación que Rodríguez Veltzé califica como síntoma de un sistema “injusto y colapsado”.
Rodríguez Veltzé llamó a que las soluciones sean universales, estructurales y aplicadas por los órganos competentes, con base en el respeto al Estado de Derecho. Remarcó que el uso masivo de la detención preventiva no solo viola garantías individuales, sino que alimenta el colapso del sistema penitenciario y socava la legitimidad del aparato judicial.
Mientras tanto, los reclusos continúan en emergencia en distintos penales del país, exigiendo una revisión generalizada de su situación jurídica y condiciones de reclusión, en medio de un sistema judicial que enfrenta profundas tensiones internas, denuncias de manipulación política y una creciente presión social por una justicia más equitativa.
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Falta de una política criminal de Estado
No existe una estrategia nacional para enfrentar de forma integral el crimen, desde la prevención hasta la rehabilitación. La responsabilidad recae, según el exmandatario, en el Fiscal General del Estado y el Órgano Ejecutivo. -
Inacción del Tribunal Constitucional
Cuestionó que los magistrados —en su mayoría prorrogados— no hayan garantizado el control de constitucionalidad de las detenciones preventivas, ni defendido los principios del debido proceso. -
Uso rutinario de la detención preventiva por los jueces
Los jueces, según Veltzé, han convertido esta medida en la norma, sin aplicar los principios de excepcionalidad que dicta la ley. -
Discrecionalidad del Ministerio Público
Acusó al Ministerio Público, liderado por el Fiscal General, de activar o paralizar causas penales según intereses políticos, incluyendo solicitudes de detención preventiva. -
Populismo penal y leyes punitivas
Criticó la promoción de iniciativas como la “ley Bukele”, que endurecen penas y reducen garantías procesales, sin resolver los problemas de fondo. -
Ausencia de políticas penitenciarias reales
Denunció el abandono del sistema carcelario, que presenta un estado “catastrófico”, sin condiciones para garantizar derechos humanos ni reinserción social. -
Fuente: El Deber
