Pese a haber alcanzado la edad de retiro, la mitad de los adultos mayores bolivianos continúa trabajando para cubrir sus necesidades básicas. La precariedad laboral, el bajo alcance de la protección social y la falta de acceso pleno a la salud reflejan la dura realidad de la vejez en el país.
Mery Bazán tiene más de 60 años y cada madrugada carga su bolsón con comida y utensilios para vender en las calles cercanas a la Expocruz, en Santa Cruz. Su jornada arranca temprano y termina después del mediodía, cuando regresa a su casa en la zona Virgen de Luján. Vive sola, con achaques en la rodilla y sin posibilidad de dejar de trabajar: debe pagar alquiler, comprar comida y medicamentos. La Renta Dignidad, de Bs 350 mensuales, apenas cubre una fracción de sus gastos.
Como ella, cinco de cada diez adultos mayores en Bolivia siguen trabajando en su vejez. Así lo revela el informe Envejecimiento en Bolivia: Situación, Tendencias y Desafíos para la Protección y Cuidados de Personas Mayores, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y difundido en noviembre de 2024.
Según el estudio, Bolivia cuenta con una población de aproximadamente 1,3 millones de personas mayores de 60 años. De ellos, la mitad permanece laboralmente activa, ya sea como asalariados, autoempleados o en negocios familiares sin remuneración. La mayoría —tres de cada cinco— trabaja por cuenta propia, generalmente en el comercio informal o en servicios, con condiciones inadecuadas para su edad.
El informe detalla que cerca del 15% trabaja en negocios familiares sin recibir salario, mientras que el 13% se desempeña como obrero o empleado. Apenas el 5% trabaja como empleador, socio o empleado del hogar. En todos los casos, la necesidad económica es el principal motivo que empuja a estas personas a seguir laborando, muchas veces sin descanso ni cobertura médica.
Pese a que algunos cuentan con pensiones, bonos estatales como la Renta Dignidad o ayudas privadas como remesas, esos ingresos no son suficientes para costear la vida diaria. A ello se suman los altos costos de salud. Según datos de 2021, un adulto mayor gasta, en promedio, Bs 786 al año en atención médica. Las cifras se duplican si se presentan enfermedades de base o discapacidad, y las familias con adultos mayores gastan más del doble en salud que aquellas sin personas de la tercera edad.
En el marco del Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, conmemorado el 26 de agosto, instituciones como la Defensoría del Pueblo recordaron la urgencia de mejorar las políticas de cuidado y protección. Esta entidad recibió 1.152 denuncias de maltrato familiar, institucional o social entre 2024 y mayo de 2025. También se registraron 149 denuncias por vulneraciones al derecho al voto y 125 por discriminación relacionada con la edad, discapacidad, apariencia física u otras condiciones.
Si bien el Ministerio de Salud ha implementado desde 2024 mejoras en la entrega del complemento nutricional Carmelo, la cobertura de salud y acceso a tratamientos continúa siendo una deuda con los adultos mayores del país. La Defensoría subraya que aún existen múltiples barreras estructurales y culturales que impiden a este grupo poblacional vivir una vejez digna, libre de trabajo forzado, discriminación y abandono.
En un país que envejece lentamente pero con pocos recursos destinados a la protección de su población mayor, la historia de Mery Bazán es apenas una entre miles. El envejecimiento en Bolivia sigue marcado por la necesidad, la informalidad y la lucha diaria por subsistir.
Fuente: El Deber
