Una mujer de la tercera edad, con una enfermedad de base, recorre oficinas de la Gestora Pública en busca de una respuesta a su trámite de invalidez, que lleva meses sin resolverse y le impide acceder a beneficios económicos vitales para su subsistencia.
La falta de celeridad en los procesos administrativos ha obligado a una adulta mayor, afectada por una enfermedad crónica, a peregrinar constantemente entre oficinas de la Gestora Pública, con la esperanza de que su trámite de invalidez avance. La mujer, visiblemente debilitada, expresó que desde hace meses espera una resolución que le permita acceder a una pensión que considera fundamental para costear medicamentos y cubrir sus necesidades básicas.
Según su testimonio, ha presentado toda la documentación requerida y ha cumplido con los procedimientos establecidos, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta clara ni una fecha concreta para la conclusión del trámite. La situación, que pone en evidencia las falencias del sistema, refleja el drama cotidiano que enfrentan muchos adultos mayores que, pese a sus limitaciones físicas y de salud, deben movilizarse por su cuenta para exigir un derecho ya reconocido en la normativa vigente.
El caso genera preocupación entre sectores sociales y defensores de los derechos de las personas mayores, quienes exigen que la Gestora Pública priorice estos trámites por su sensibilidad humana y urgencia. Además, se cuestiona la falta de mecanismos eficaces que garanticen un trato digno y oportuno a personas en situación de vulnerabilidad.
Mientras tanto, la adulta mayor continúa su recorrido entre oficinas, aferrada a la esperanza de que su caso sea atendido. Su situación se ha convertido en un llamado de atención sobre la necesidad de humanizar los procesos institucionales y garantizar que la burocracia no sea un obstáculo para el acceso a derechos fundamentales.
