Cinco agentes de la FELCN y un civil boliviano fueron detenidos en Chile tras hallarse droga, armas y un vehículo robado en su poder. Mensajes interceptados en sus celulares desmantelaron su coartada y revelaron una posible red criminal operando entre Bolivia y Chile.
“Todo estaba jodido, jodido… en estos días ya voy a tener el efectivo, compa.” La frase, aparentemente banal, fue leída en voz alta por el fiscal chileno Claudio Rojas durante una audiencia en el Juzgado de Garantía de Calama. Pero detrás del lenguaje coloquial se escondía una evidencia clave: la participación directa de policías bolivianos en operaciones ilegales de tráfico de drogas y armas en territorio chileno.
El caso estalló el domingo 24 de agosto, cuando Carabineros de Chile hallaron dos camionetas semienterradas en la nieve cerca del Hito Cajón, una zona fronteriza con Bolivia, dentro del Parque Nacional Abaroa. En los vehículos, uno de ellos con matrícula boliviana y presuntamente perteneciente a la Policía, se encontraron casi 500 kilos de marihuana, 70 kilos de pasta base de cocaína, armas de guerra, pistolas y municiones. A bordo iban cinco efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y un civil que conducía un vehículo con placa chilena adulterada y denuncia de robo.
Los detenidos alegaron que cruzaron a Chile accidentalmente durante una persecución a contrabandistas, y que incluso respondieron a disparos. Sin embargo, su versión se vino abajo cuando la Fiscalía chilena presentó los mensajes recuperados de 14 celulares incautados —ninguno entregado voluntariamente—, donde los implicados hablaban en clave de “lechugas” para referirse a la marihuana y discutían el movimiento de droga y dinero.
Uno de los mensajes leídos por el fiscal decía:
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“Hay que seguir trabajando internamente no más, tranquilamente, sin que alguien se dé cuenta. Capaz a alguien le han dicho que has llevado lechugas en cantidad, pues, 30 lechugas de punta a punta estaban los militares.”
El juez Sergio Rojas remarcó que los chats demostraban claramente que los acusados cruzaron la frontera con plena conciencia de sus actos y no en el marco de un operativo legítimo. En consecuencia, se formalizó a los cinco policías por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones, y disparos injustificados. El civil fue imputado por tráfico y receptación de vehículo robado. Todos fueron enviados a prisión preventiva en Antofagasta por un periodo de 150 días mientras continúa la investigación.
Desde Bolivia, el comandante de la Policía, general Augusto Russo, intentó sostener la tesis del cruce involuntario durante una operación oficial, y aseguró que la Cancillería ya inició gestiones para la repatriación de los efectivos. El viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, respaldó esta versión y afirmó que los policías “cumplían una labor de interdicción”.
Sin embargo, en Chile, las autoridades no lo ven así. El diputado Sebastián Videla fue categórico al señalar la gravedad del hecho: “Que estén con droga, armamento de guerra y un auto robado es complejo, hay que respetar el trabajo de la justicia chilena.” Además, anunció una propuesta legislativa para cerrar pasos ilegales entre ambos países, destacando que al menos 30 vehículos son robados semanalmente en Antofagasta para ser llevados a Bolivia.
El caso, que ha sacudido tanto a la justicia chilena como a las instituciones bolivianas, no parece limitarse a un grupo aislado de policías. La incautación de los celulares y el contenido en proceso de análisis podría revelar una red más amplia de tráfico fronterizo que involucra a uniformados, civiles y una estructura logística binacional. En un contexto de tensiones diplomáticas, impunidad policial y creciente criminalidad transfronteriza, el caso plantea un serio desafío para las relaciones entre Bolivia y Chile, así como para la credibilidad de las fuerzas antidrogas en la región.
