La defensa de nueve exautoridades procesadas por un contrato financiero con el FMI durante la gestión de Jeanine Áñez cuestiona la legalidad del juicio que se desarrolla en su contra. Alegan que no se trató de un préstamo tradicional y que ya fueron investigados por los mismos hechos sin hallarse responsabilidad penal.
La polémica en torno al financiamiento de 327 millones de dólares tramitado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020, en plena emergencia por el Covid-19, ha derivado en un juicio contra nueve exfuncionarios de alto rango, quienes hoy rechazan los cargos y califican el proceso como ilegal y viciado de errores jurídicos.
El Gobierno del presidente Luis Arce sostiene que el acuerdo financiero con el FMI fue irregular por no haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa, y afirma que generó un daño económico al Estado, además de haber estado condicionado a políticas impuestas por el organismo internacional. Según el Ejecutivo, el contrato violó los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado, que regulan la atribución legislativa en la contratación de empréstitos internacionales y la obligación de precautelar los intereses del país.
En respuesta, la defensa de los acusados sostiene que no se trató de un préstamo convencional, sino de un mecanismo de asistencia rápida conocido como Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que implicó un intercambio técnico de Derechos Especiales de Giro (DEG), bajo condiciones excepcionales habilitadas por el propio FMI para enfrentar la pandemia.
“La operación no fue un préstamo en sentido técnico ni jurídico, y por tanto no requería de aprobación legislativa”, explicó una fuente oficial ligada a la defensa, que pidió mantener su identidad en reserva mientras se desarrolla el juicio. La misma fuente recordó que en su momento el Ministerio Público, bajo la dirección de Juan Lanchipa, ya había investigado el hecho y decidió cerrar el caso, lo que convertiría el actual proceso en un caso de doble juzgamiento, prohibido por la legislación nacional.
Los imputados en el caso incluyen al exministro de Economía, José Luis Parada; el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, actualmente declarado rebelde; además de exdirectores y funcionarios de alto nivel del ente emisor como Armando Pinel, Walter Morales, Roger Banegas, José Gabriel Espinoza y Walter Guzmán. También se suman el exviceministro Carlos Schlink y el exfuncionario Cristhian Morales.
La abogada Norka Cuéllar, defensora de la expresidenta Jeanine Áñez, reveló que en el inicio de la investigación se intentó incluir a la exmandataria, pero que finalmente no fue imputada ni figura en la acusación formal.
Por su parte, la diputada opositora María José Salazar (Comunidad Ciudadana) criticó al Gobierno por haber devuelto el dinero al FMI con intereses “por razones políticas”, en lugar de utilizarlo en el fortalecimiento del sistema de salud durante la crisis sanitaria. “Fue un atentado contra la salud de los bolivianos”, aseguró.
El proceso judicial se desarrolla en un ambiente de alta tensión política, mientras los acusados esperan una resolución que, según ellos, podría basarse en una interpretación errónea del contrato con el FMI y en motivaciones ajenas al derecho.
Fuente: El Deber
