Un juez federal dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump en junio, viola la ley que impide el uso del Ejército para funciones policiales, sumando un nuevo revés judicial para la administración republicana.
La tensión entre el Gobierno federal y los estados gobernados por demócratas ha escalado tras un fallo emitido este martes por el juez Charles Breyer, quien declaró ilegal el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles. La medida, ordenada por el presidente Donald Trump para contener protestas contra su política migratoria, fue considerada una violación de la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al Ejército realizar tareas de seguridad interna.
La resolución, que responde a una demanda presentada por el gobernador de California, Gavin Newsom, establece que el uso de tropas en patrullajes, detenciones, controles de multitudes y establecimiento de perímetros militares constituye un ejercicio inconstitucional del poder presidencial, al margen de las leyes que rigen el orden civil.
“El despliegue de soldados armados, sin identificación clara y con vehículos militares, para controlar el orden en una ciudad estadounidense, se asemeja más a la imposición de una policía nacional bajo el mando del presidente que a una medida de protección civil”, escribió el juez Breyer en su fallo, que entrará en vigor el próximo 12 de septiembre para dar margen a una posible apelación del Gobierno.
Newsom, convertido en una de las figuras más visibles de la oposición a Trump, celebró el fallo en redes sociales con un mensaje cargado de ironía: “¡El pueblo californiano ha ganado una rendición de cuentas muy necesaria sobre la militarización ILEGAL de Trump de una ciudad estadounidense!»
El uso de la Guardia Nacional fue justificado por Trump en junio como una respuesta necesaria para evitar el “caos total” en Los Ángeles, tras las protestas por sus redadas migratorias. El despliegue incluyó 4.000 soldados y 700 infantes de Marina, encargados de resguardar instalaciones federales y centros de detención, pese al rechazo explícito del gobernador californiano.
La ley Posse Comitatus permite excepciones muy limitadas, siendo la más destacada la Ley de Insurrección, que habilita al presidente a enviar tropas solo ante rebeliones internas, y con el consentimiento del Congreso o del gobernador estatal. Ninguna de esas condiciones se cumplió en el caso de Los Ángeles, según el tribunal.
La decisión judicial se conoce mientras Trump insiste en replicar este tipo de despliegue en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva York, Baltimore y especialmente Chicago, a la que ha calificado como “la ciudad más peligrosa del mundo”. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ya emitió una orden municipal que prohíbe a la policía local colaborar con las tropas federales o con los agentes de inmigración en operativos de detención.
“No queremos tanques en nuestras calles, ni ver familias separadas, ni personas sin hogar acosadas o desaparecidas”, afirmó Johnson en una reciente conferencia de prensa, mientras la Casa Blanca refuerza su discurso sobre la necesidad de “mano dura” para combatir el crimen y la inmigración irregular.
Este fallo se suma a una serie de reveses judiciales sufridos por Trump en los últimos días. Un tribunal de apelaciones desestimó la validez de varios aranceles globales impuestos por su administración, otro paralizó la expansión de deportaciones exprés, y una jueza suspendió temporalmente la expulsión de cientos de menores migrantes guatemaltecos no acompañados.
En plena escalada de tensiones entre el Ejecutivo federal y gobiernos locales, la decisión del juez Breyer refuerza los límites legales a la militarización interna y reaviva el debate sobre el uso del poder presidencial en contextos de protesta civil y disenso político.
Fuente: El País
