La Universidad de Harvard logró un triunfo judicial significativo contra la Administración de Donald Trump, al obtener un fallo que obliga al Gobierno estadounidense a devolverle 2.200 millones de dólares en fondos para investigación que habían sido congelados como medida de presión ideológica.
La Universidad de Harvard ha obtenido una victoria judicial crucial en su enfrentamiento con la Administración del expresidente Donald Trump, en un caso que ha escalado más allá de lo financiero para convertirse en un símbolo de la lucha por la libertad académica en Estados Unidos. Un tribunal federal en Boston, bajo el fallo de la jueza Allison Burroughs, declaró ilegal la decisión del Gobierno republicano de congelar 2.200 millones de dólares en fondos destinados a investigación científica y académica, ordenando su restitución inmediata.
El conflicto surgió en el contexto de una serie de medidas tomadas por el Gobierno de Trump contra instituciones educativas de élite, especialmente tras las manifestaciones estudiantiles en favor de Palestina durante la guerra en Gaza en 2024. Harvard fue acusada de antisemitismo por no sancionar ciertas expresiones políticas dentro del campus, lo que derivó en la congelación de fondos federales, presiones para modificar políticas de diversidad e inclusión, amenazas fiscales e intentos de limitar la matriculación de estudiantes extranjeros.
Durante la audiencia realizada en julio, los abogados de Harvard argumentaron que las acciones del Gobierno constituían una violación directa de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y cátedra. También señalaron que la congelación de fondos ponía en riesgo investigaciones clave en medicina, ciencia y tecnología. La jueza Burroughs coincidió con esos argumentos y además apuntó que las medidas tomadas por la administración “tenían poco que ver con el antisemitismo” y mucho con “represalias ideológicas”.
El dictamen también considera que la Administración violó leyes federales como la de Derechos Civiles y el Procedimiento Administrativo, y alerta sobre el impacto negativo que estas decisiones podrían tener en décadas de trabajo académico. Aunque Burroughs —nominada por Barack Obama— criticó a Harvard por tolerar expresiones de odio, sostuvo que eso no justificaba el ataque político del Gobierno.
Este fallo representa un revés considerable para la campaña de Trump contra las universidades consideradas bastiones liberales. La ofensiva incluyó el aumento del impuesto federal sobre los rendimientos del fondo de dotación de Harvard del 1,4 % al 8 %, lo que afecta directamente a un capital de 53.000 millones de dólares que financia cerca del 40 % del presupuesto operativo de la institución.
Aunque el expresidente Trump ya anunció que apelará la decisión, la resolución de Burroughs fortalece a Harvard en sus negociaciones con el Gobierno y podría sentar un precedente legal en defensa de la autonomía universitaria. En contraste, otras instituciones como la Universidad de Columbia aceptaron acuerdos millonarios para cerrar disputas similares.
La jueza concluyó que el antisemitismo debe combatirse “sin sacrificar derechos fundamentales”, destacando que la libertad de expresión y la integridad de las universidades deben ser protegidas frente a presiones políticas. Con este fallo, Harvard se reafirma no solo como una institución académica, sino como un emblema en la defensa de los valores constitucionales en un clima político cada vez más polarizado.
