La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad una nueva ley que protege a niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales cometidos en entornos digitales, incorporando nuevas figuras penales y herramientas de investigación para enfrentar este creciente fenómeno.
En un paso clave hacia la protección integral de la niñez en el entorno digital, la Cámara de Diputados de Bolivia sancionó esta semana la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, una normativa que busca frenar los delitos sexuales cometidos a través de tecnologías como redes sociales, videojuegos en línea, aplicaciones y plataformas de mensajería.
La norma fue aprobada por unanimidad y ahora aguarda su promulgación por el Órgano Ejecutivo. Según explicó el presidente de Diputados, Omar Yujra, la ley fue debatida y aprobada en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y ya fue remitida para su formalización constitucional.
Impulsada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, la iniciativa responde al incremento de casos de violencia y abuso sexual digital, una problemática que se ha intensificado con el crecimiento del acceso a internet y las plataformas digitales. “El avance de las tecnologías, si bien trajo múltiples beneficios, también genera nuevos riesgos que amenazan la seguridad y la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló Mariaca, celebrando la aprobación con “esperanza y determinación”.
Uno de los ejes principales de la norma es la incorporación de nuevos delitos al Código Penal, entre ellos: contacto con fines sexuales a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), abuso sexual digital, exposición a contenido sexual y producción y posesión de material de abuso infantil.
Se establecen penas de 10 a 15 años de prisión para quienes distribuyan o comercialicen contenido digital con representaciones sexuales de menores, y de 4 a 8 años para quienes contacten a menores con contenido erótico o sexual por medios electrónicos.
Además, la ley habilita el uso de agentes encubiertos digitales para investigaciones, y establece medidas urgentes de protección, como la eliminación inmediata de contenido ilegal y el alejamiento virtual de los agresores. También se fortalecerán los sistemas educativo y de salud, con obligaciones concretas de prevención, denuncia y atención integral.
La normativa promueve la corresponsabilidad de familias, empresas tecnológicas y gobiernos subnacionales, y se alinea con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, reafirmando el compromiso del país con la defensa de la niñez frente a las nuevas amenazas digitales.
