Arturo Murillo cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro mientras su defensa cuestiona la legalidad de las sentencias dictadas en su contra en los casos “Gases Brasil” y “Gases Ecuador”, alegando que fueron emitidas en rebeldía y son inconstitucionales.
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, pasó su segunda noche en el penal de San Pedro de La Paz tras ser deportado desde Estados Unidos el pasado 4 de septiembre. Mientras enfrenta 15 procesos penales abiertos en Bolivia —según datos de la Fiscalía General del Estado—, su defensa legal ha iniciado una ofensiva contra las sentencias condenatorias ya dictadas en su contra.
Jaime Tapia, abogado de Murillo, calificó como “inconstitucionales” las dos sentencias emitidas hasta el momento: una de ocho años por el caso “Gases Brasil” y otra de cinco años con cuatro meses por el caso “Gases Ecuador”. En declaraciones a El Deber Radio, Tapia aseguró que estos fallos fueron obtenidos “en rebeldía” y, por tanto, no tienen validez legal. “Estas sentencias no tienen ningún valor alguno por el procedimiento del cual han emergido. Es decir, son sentencias tramitadas en rebeldía, una rebeldía que al día de hoy es totalmente inconstitucional”, afirmó.
Tapia confirmó que ambas sentencias están siendo apeladas. En el caso de “Gases Brasil”, el juez de la causa consideró que el fallo era “casi inapelable”, ya que la defensa pública ejerció el derecho de impugnación en su momento. Sin embargo, el abogado desconfía de ese proceso: “No es confiable la defensa pública, aunque agradecemos la gestión que haya hecho un funcionario del Estado”, puntualizó.
La situación legal del exministro se complica, ya que permanece bajo detención preventiva por el caso “Gases Brasil”, mientras continúa la reactivación de otros procesos pendientes. Este lunes a las 14:00 está prevista una audiencia virtual por el caso “Gases Ecuador”, la cual fue suspendida el domingo por problemas logísticos. Aun así, Tapia no espera cambios significativos en la situación de su cliente. “No se espera mucho porque sus condiciones no han cambiado ni van a cambiar en el curso de estos días, es decir, la situación precaria en la que él se encuentra en cuanto a tener un domicilio o un trabajo”, explicó.
El abogado también expresó su preocupación por una posible agravación del cuadro judicial de Murillo. “Me preocupa que los jueces vayan agravando la situación jurídica de don Arturo Murillo agregando riesgos que no son concurrentes y que normalmente están basados en abstracciones que la ley prohíbe”, señaló.
Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene su postura firme frente a los múltiples procesos contra el exministro, quien se convirtió en uno de los principales rostros del gobierno transitorio de 2019. Su retorno a Bolivia ha reactivado una agenda judicial de alto perfil, con causas que involucran presunta corrupción y uso indebido de recursos del Estado.
Fuente: El Deber
