Ocho personas, entre ellas siete exsuboficiales del Ejército chileno, fueron enviadas a prisión preventiva este jueves tras ser imputadas por su participación en una red de narcotráfico que operaba desde la frontera con Bolivia hasta Santiago. El caso, calificado por el Gobierno como «el hecho más grave del último tiempo», ha desatado una fuerte preocupación por la infiltración del crimen organizado en instituciones armadas.
La justicia chilena decretó este jueves prisión preventiva para ocho miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, integrada en su mayoría por exmilitares de la II Brigada Acorazada «Cazadores» de Iquique. Los imputados fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas y asociación criminal, en una audiencia declarada reservada a pedido de la defensa.
La investigación, liderada por la Fiscalía de Tarapacá en coordinación con la unidad antidrogas de Carabineros, reveló que los involucrados transportaban cocaína desde la frontera con Bolivia hasta Santiago utilizando vehículos acondicionados con compartimentos secretos. El operativo permitió incautar 192 kilos de cocaína y pasta base, con un valor estimado en 3 millones de dólares.
Aunque inicialmente se reportó la detención de seis militares y un civil, un séptimo suboficial fue arrestado posteriormente. Todos fueron dados de baja por el Ejército, que a través de sus sistemas internos de control presentó la denuncia que dio inicio a las investigaciones penales.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó los hechos como «el más grave del último tiempo» en el ámbito de seguridad y control público, advirtiendo sobre el peligro que representa la penetración del narcotráfico en estructuras jerárquicas del Estado. En tanto, la ministra de Defensa anunció la presentación de una querella criminal contra los implicados.
Chile, aunque no es un país productor de droga, se ha convertido en una plataforma clave para su distribución internacional. La creciente actividad del crimen organizado ha encendido las alarmas del Ejecutivo, que considera esta infiltración en las Fuerzas Armadas como un fenómeno que debe ser “erradicado de raíz”.
