Cientos de toneladas de tierra, caídas de las laderas de los Andes, frustraron los planes de la atleta Catalina Ortiz. Su ciudad, Villavicencio, quedó aislada del resto de Colombia a inicios de septiembre y perdió la sede del Campeonato Nacional Sub-20 de Atletismo. La competencia se trasladó a Bogotá, a donde se suele llegar en menos de tres horas por carretera. Ortiz afrontó una odisea de más de siete horas, rodeada de camiones que transportan petróleo y otros productos, para esquivar el derrumbe a través de una precaria carretera alterna, de un solo carril. “Llegué reventada, acalambrada en las piernas, y dormí solo tres horas antes de presentarme”, se queja. Está frustrada porque completó la prueba de 5.000 metros en 22 minutos, unos 50 segundos más que lo habitual. No estaba preparada para competir en la capital, a 2.600 metros de altura, pero Villavicencio está aislada desde hace un mes sin que haya soluciones a la vista
“Mi familia tiene que ir a Bogotá en noviembre y ya les dije que conmigo no cuenten. No pienso someterme a esa carretera de nuevo”, dice Ortiz antes de un entrenamiento. Es la única atleta en el estadio Bello Horizonte, que iba a albergar el torneo nacional a finales de septiembre y luego los Juegos Panamericanos Sub-20 de Atletismo, con más de 700 participantes de 30 países. El recinto cuenta con varias instalaciones nuevas, sin inaugurar: una pista de sintético azul para velocidad, unas áreas rojas para lanzamientos de bala o jabalina, y unos fosos que se llenan de agua en las competencias de obstáculos. Está vacío, cuando debía estar lleno de visitantes internacionales. La Gobernación del Meta, el departamento al que pertenece Villavicencio, invirtió 15.000 millones de pesos (unos 3,9 millones de dólares) y esperaba recuperar unos 13.000 millones (alrededor de 3,3 millones de dólares) con los gastos que ya no fueron en hoteles, restaurantes y comercios.
El derrumbe ha producido todo tipo de afectaciones en Villavicencio (unos 600.000 habitantes) y la región a la que da acceso y de la que es la virtual capital, los Llanos Orientales. Los gremios y las entidades gubernamentales calculan que las pérdidas ya ascienden a más de 800.000 millones de pesos (unos 200 millones de dólares). El sector más afectado es el turismo: miles de bogotanos prefieren elegir otros destinos para evitar horas interminables en la carretera e incluso la posibilidad de no poder regresar por los bloqueos que ocurren en la vía para protestar por la falta de soluciones. Los camiones de carga, en tanto, sí transitan la carretera y mantienen el abastecimiento de productos, pero se demoran 6, 8 y hasta 12 horas en llegar a Bogotá. Los productores de petróleo, carne, arroz o maracuyá —la región es conocida como “la despensa de Colombia”— deben pagar mayores precios por los traslados. Cada camionero hace menos viajes por semana.
Rigoberto Bobadilla, un hombre de 50 años que maneja un camión repleto de aceite de palma, expresa su frustración durante un viaje interminable de Bogotá a Villavicencio. Regresa a casa luego de 10 días y lleva dos horas inmovilizado, a la espera de que se reanude la circulación —solo un carril sortea el derrumbe, y eso implica tomar turnos con los que viajan desde el sentido opuesto—. “Uno se cansa de estar acá parado y ni siquiera estar trabajando. ¿Pero qué más hace uno? No tengo otra opción, no sé hacer otra cosa”, dice. Ha pasado de dos viajes por semana a solo uno en los últimos 15 días y explica que ha tenido que gastar una parte de los ahorros con los que algún día espera comprar un comercio que le provea un ingreso adicional en la vejez. “Uno se desilusiona de trabajar tanto y no poder surgir. Y no por plata mal gastada, sino por esta vía”.
Una crisis de esta magnitud se repite cada un par de años. La cordillera es joven, inestable, y suele tener deslizamientos. El concesionario, una empresa encargada de la vía y propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, suele explicar que su contrato no incluye hacer obras que podrían mitigar los impactos: viaductos, puentes, muros de contención. El Gobierno hace inversiones a cuentagotas: la carretera ya tiene una doble calzada en una gran parte de su trayecto, pero sigue pendiente en el tramo del kilómetro 18, donde ocurrió el derrumbe de hace unas semanas. Ahora, ha prometido una inversión de 9.100 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares) para resolver la emergencia. El problema es que hay más de 100 puntos críticos en todo el trazado y, según los gremios, se requiere de una inversión de 1,3 billones de pesos (alrededor de 340 millones de dólares) para resolver el problema de fondo.
Para Andrés Garnica, director de Competitividad de la Cámara de Comercio de Villavicencio, “la única solución” es que el Ejecutivo haga obras en toda la vía. Hacerlo solo en la zona del derrumbe es exponerse a otro incidente en un par de meses o años. “Alzamos la voz solo cuando hay una crisis como esta, pero es un problema estructural que nos pasa factura día a día”, comenta durante una entrevista en su oficina. Dice que entiende que hay un problema geológico y que ningún concesionario firmaría un contrato con costos millonarios, pero que es injusto que los llaneros sufran las consecuencias. “Estamos condenados a cargar esta cruz por siempre y eso nos limita nuestras posibilidades de desarrollo”, lamenta.
La vía, cuenta, es uno de los reparos habituales de los inversores. “Por más bondades que les ofrezcamos, cargamos ese estigma”, apunta. Algo similar comenta José García, el secretario de Competitividad de Villavicencio, al referirse a sus experiencias en Bogotá. “Estoy haciendo un posgrado allá y la gente me dice ‘¿Pero esa vía ya está buena?’. Nos asocian a la carretera y ahora va a ser peor”, dice. Los intentos de la Alcaldía por comunicar las mejoras que la carretera tuvo en los últimos años, como un viaducto en el kilómetro 58, palidecen ante el temor que produce la nueva crisis.
