El gobierno del presidente Donald Trump está bajo el escrutinio público debido a una serie de demandas millonarias presentadas por ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos durante redadas migratorias.
Estas acciones legales, que buscan indemnizaciones de hasta 50 millones de dólares, alegan violaciones a los derechos constitucionales y un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre los casos más destacados se encuentra el de Leonardo García Venegas, un trabajador de la construcción detenido en dos ocasiones en Alabama.
García Venegas, representado por el Institute for Justice, sostiene que sus detenciones fueron «irrazonables» y violaron la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y detenciones sin causa probable. A pesar de presentar su identificación REAL ID, los agentes lo mantuvieron esposado durante una hora. Este caso es parte de una querella colectiva que incluye a otros 19 ciudadanos y residentes legales que han vivido situaciones similares.
Otro caso impactante es el de Rafie Ollah Shouhed, un anciano de 79 años que sufrió lesiones graves durante una redada en su negocio en Los Ángeles. A pesar de haber sido operado recientemente del corazón, los agentes lo agredieron y lo mantuvieron detenido sin atención médica durante casi 12 horas.
La situación ha generado una ola de críticas y acciones legales adicionales. En agosto, cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por detenciones arbitrarias, incluyendo a Cary López Alvarado, quien asegura que su bebé nació prematuro debido al estrés de su detención. El abogado Luis Carrillo, que representa a estos demandantes, ha unido fuerzas con figuras como la congresista Maxine Waters para solicitar una investigación internacional sobre estos abusos.
