Cinco personas fueron aprehendidas con armamento de guerra que fue incautado durante operativos realizados por la Policía Boliviana en el norte de Potosí, como parte de la investigación por la muerte de cuatro uniformados y un civil en medio de protestas promovidas por seguidores del expresidente Evo Morales.
En una acción conjunta entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público, un contingente de más de 300 efectivos ejecutó entre el lunes y martes una serie de allanamientos en al menos diez domicilios ubicados en Llallagua, Catavi y Uncía. Estas operaciones buscan esclarecer los hechos violentos ocurridos entre el 7 y 17 de junio, durante los bloqueos convocados por sectores afines al exmandatario Evo Morales.
Entre los detenidos figura Jorge Galo Chiri, identificado como presunto francotirador, y su hermano Samuel Jorge Chiri. En el domicilio de los Chiri, ubicado en la comunidad indígena de Sakamarka, se hallaron municiones de calibres 7.65 mm y 9 mm, explosivos, mechas lentas, detonadores, teléfonos celulares y Bs 46.500 en efectivo, además de documentación relacionada con grupos radicales y autoridades originarias.
“El armamento encontrado es evidencia directa del carácter violento de estas movilizaciones”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, general Johnny Aguilera, quien lideró los operativos. También se allanó la vivienda de Raúl Achacata Choquetupa, líder indígena y autoridad de la Federación de Ayllus Originarios del Norte de Potosí (FAOI-NP), en el marco de una investigación que apunta a una posible coordinación estructurada detrás de los ataques.
Los hechos investigados incluyen el asesinato de tres policías abatidos a tiros en Llallagua el 12 de junio, mientras otro uniformado murió en Cochabamba por la explosión de un artefacto adherido a su cuerpo. Un civil también falleció al manipular de forma errónea un explosivo casero. La Fiscalía confirmó que 13 personas están siendo procesadas penalmente, y que cuatro menores permanecen bajo custodia en un centro de acogida.
La causa por los homicidios fue trasladada a Oruro, mientras que en Llallagua se sigue otra investigación por heridos y destrucción de infraestructura policial. “No se trata solo de manifestaciones, estamos ante una estructura político-criminal”, señaló Aguilera, y advirtió que se continuará con las aprehensiones de todos los implicados, tanto autores materiales como intelectuales.
El presidente Luis Arce calificó los hechos como “crueles asesinatos” y reafirmó que se hará justicia. En paralelo, el Gobierno presentó una denuncia penal contra Evo Morales por delitos como terrorismo y obstrucción del proceso electoral, en medio de crecientes tensiones por la intención del exmandatario de postular nuevamente a la presidencia, pese al fallo constitucional que limita la reelección a una sola vez de forma continua.
