La Agencia Nacional de Hidrocarburos reveló que cerca del 30% del combustible subvencionado por el Estado estaría siendo desviado hacia el contrabando, una estimación preliminar que expone la magnitud del daño económico causado por estas operaciones ilegales. La directora ejecutiva, Margot Ayala, indicó que el análisis en curso apunta a un problema estructural, en el que el descontrol institucional habría permitido el crecimiento sostenido de estas redes durante los últimos años.
Ayala explicó que la entidad evalúa a fondo el funcionamiento del B-SISA y de los sistemas de control destinados a frenar el desvío, con el objetivo de detectar brechas y posibles complicidades internas. La autoridad advirtió que funcionarios de Sustancias Controladas, YPFB y de la propia ANH estarían involucrados en los mecanismos que facilitan el transporte clandestino de carburantes. Para la institución, estas revelaciones muestran cómo el debilitamiento del control estatal abrió espacio a grupos organizados.
La directora afirmó que los hallazgos serán remitidos a auditorías internas y derivarán en responsabilidades administrativas y penales. Según Ayala, el problema no solo se vincula a fallas de supervisión, sino también a una falta de consecuencias que habría permitido que las personas involucradas actuaran con total impunidad. La autoridad subrayó que se está desmontando un esquema que operó durante años con la complicidad de varios niveles institucionales.
El pasado fin de semana, un operativo sorpresa en la Planta de Almacenaje de Senkata permitió identificar a “mafias organizadas” dedicadas al desvío de combustible. La intervención dejó un aprehendido y una persona con detención domiciliaria, un resultado que Ayala calificó como una muestra inicial de la estrategia para enfrentar estas redes. La autoridad recordó que incluso incautaciones pequeñas pueden derivar en procesos penales, señalando que tanto bidones como cisternas completas son parte del mismo circuito ilegal.
La ANH anunció que continuará intensificando los controles sorpresa, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y avanzando en auditorías para frenar el contrabando de carburantes. La entidad sostiene que estas acciones buscan proteger los recursos del Estado y garantizar un abastecimiento de combustibles transparente, legal y libre de las estructuras criminales que durante años se beneficiaron del subsidio público.
