El violento enfrentamiento registrado en el botadero de Cotapachi no solo reavivó un conflicto territorial arrastrado por años, sino que abrió una investigación que busca esclarecer cómo y por qué dos personas perdieron la vida en medio del operativo policial. La suspensión temporal de las movilizaciones, anunciada este martes, intenta dar un respiro mientras las autoridades reconstruyen los hechos.
La mañana del lunes, cuando camiones basureros intentaban ingresar al botadero, comunarios del sector bloquearon el paso, desencadenando un choque directo con la Policía. El uso de agentes químicos, la tensión acumulada y, sobre todo, los disparos cuyo origen aún no está claro, convirtieron la protesta en un episodio fatal que dejó dos muertos y más de diez heridos.
Este martes, el secretario de Gobernabilidad y Coordinación, Eduardo Camacho, informó que el conflicto ingresó en cuarto intermedio, un alto necesario mientras avanza la investigación fiscal.
“Este no es un problema de límites. Hemos solicitado que se esclarezca la muerte de estas dos personas”, afirmó, subrayando que la prioridad inmediata es determinar responsabilidades.
En la mesa de diálogo convocada en la Gobernación participaron los alcaldes de Colcapirhua y Quillacollo, además de dirigentes y técnicos. Todos coincidieron en la urgencia de esclarecer los hechos y lamentaron la pérdida de vidas que volvió a encender la preocupación ciudadana.
El reporte policial preliminar detalla que durante la intervención se escucharon disparos de arma de fuego, aunque no se ha establecido si provinieron de los comunarios, de terceros o en el marco del operativo policial. La Fiscalía trabaja ahora en identificar con precisión la procedencia de esos disparos y reconstruir minuto a minuto cómo se desencadenó la tragedia.
El alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, sostuvo que el conflicto se origina en un problema de jurisdicción: el plazo para el ingreso de basura a Cotapachi venció el 7 de diciembre, y la llegada de los vehículos municipales generó la reacción de los comunarios que reclaman respeto a su territorio.
Mientras la autopsia y los peritajes balísticos avanzan, la investigación se orienta a establecer la “verdad histórica” del enfrentamiento: quién disparó, cómo actuó la Policía, qué papel jugaron los comunarios y qué factores desataron la escalada de violencia.
Hasta que estas dudas sean resueltas y se definan responsabilidades, el caso seguirá generando tensión en la región, donde episodios similares ya han marcado profundamente la memoria colectiva.
