La situación financiera de la Gobernación de Tarija volvió a encender alarmas tras confirmarse que una empresa logró retener Bs 6,2 millones dentro de un proceso judicial por una obra que, según autoridades, nunca llegó a ejecutarse. La asambleísta departamental del MAS, Juanita Miranda Ramírez, anunció este martes que impulsará acciones para recuperar el monto, al que calificó como un golpe grave a las ya debilitadas arcas departamentales.
Miranda cuestionó que la Gobernación haya perdido tal cantidad por un proyecto vinculado a la anterior gestión del exsubgobernador Walter Ferrufino, obra que —aseguró— “no existe” y que aun así derivó en la retención de recursos provenientes de las regalías.
“Debe haber acciones de repetición. Estos recursos deben recuperarse. No se puede tolerar que una empresa se quede con 6,2 millones por una obra que no hay”, declaró.
El gobernador confirmó que el monto fue descontado directamente de los 22 millones de bolivianos en regalías, lo que dejó a la institución sin liquidez para pagar sueldos correspondientes al mes de noviembre. La afectación, según Miranda, no se limita a los salarios de los funcionarios públicos.
“No solo es que no se pagarán sueldos, incluso los asambleístas recibirán únicamente su aguinaldo. Hay gente que esperaba su salario y vive con un mínimo nacional”, lamentó.
La legisladora advirtió que la crisis financiera amenaza programas sociales sensibles, entre ellos la canasta alimentaria, el Prosol y el pago de ítems de salud.
“Esta situación está poniendo en riesgo todo. La gente vulnerable espera estos recursos y simplemente no hay plata”, denunció.
Miranda señaló además que, a pesar de que la Asamblea Departamental ha reducido gastos de funcionamiento, el Ejecutivo no estaría realizando ajustes equivalentes.
“La Asamblea está funcionando con lo mínimo, apenas nos repusieron papel y tóner. Esperamos que la Gobernación también haga ajustes”, afirmó.
El debate por las 90 leyes
Respecto a la declaración del gobernador, quien afirmó haber pedido desde el inicio la modificación o abrogación de 90 leyes para evitar llegar a la actual crisis, Miranda fue contundente:
“De esas 90 leyes, ¿cuántas cumple? No pasan de 20 o 25. El resto no las está ejecutando, y aun así no se lo acusa de incumplimiento de deberes”.
La asambleísta sostuvo que el problema de fondo no radica en las leyes, sino en la priorización de recursos.
“Quiere manejar otros fondos, evadir el tema social y centrarse en obras. Esa parece ser su prioridad”, cuestionó.
Mientras la Gobernación intenta afrontar su peor escenario económico de los últimos años, el compromiso de recuperar los Bs 6,2 millones aparece como la primera batalla de una crisis que ya afecta sueldos, programas sociales y la estabilidad administrativa del departamento.
