
La jornada electoral del domingo estuvo marcada no solo por la alta participación ciudadana, sino también por un operativo policial de alcance nacional que resultó en la captura de 122 personas con cuentas pendientes con la justicia, muchas de ellas identificadas en las filas de votación.
Durante las elecciones presidenciales del domingo, la Policía Boliviana ejecutó un operativo coordinado en todo el país que permitió detener a 122 individuos buscados por la justicia. Según confirmó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, las aprehensiones fueron posibles gracias al trabajo conjunto de diversas unidades policiales encargadas de garantizar la seguridad en los recintos electorales.

Los detenidos tenían procesos judiciales pendientes, algunos desde hace años, y habían sido declarados rebeldes por no presentarse a sus audiencias. La estrategia policial se basó en el alto flujo de votantes en la jornada democrática, lo que facilitó su identificación en filas o incluso dentro de las mesas de sufragio.
En Chuquisaca, por ejemplo, se ejecutaron 12 mandamientos de aprehensión en distintos municipios, entre ellos Monteagudo, Sucre y Padilla. El fiscal departamental Mauricio Nava Morales aclaró que, pese a las detenciones, se respetó el derecho constitucional al voto de los implicados, permitiéndoles sufragar antes de ser trasladados a dependencias policiales.
Entre los casos más graves se encuentra el de un hombre condenado a 30 años de cárcel por asesinato, detenido en pleno centro de La Paz, y otro buscado por violación a infante, niño, niña y adolescente, capturado en El Alto cuando se disponía a votar. En total, los informes detallan que entre los aprehendidos hay personas con antecedentes por violencia familiar, delitos sexuales, incumplimiento de deberes laborales y otros ilícitos ordinarios.
El director nacional de Interpol, coronel Juan Carlos Bazoalto, informó además que se identificaron algunos extranjeros con requerimientos judiciales, aunque la mayoría de los detenidos son ciudadanos bolivianos. Operativos similares se llevaron a cabo en Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando, Potosí y Tarija, todos ellos planificados con antelación por las autoridades.
Las detenciones abren un debate ético y jurídico en torno al equilibrio entre la seguridad y los derechos ciudadanos. Si bien se permitió votar a los implicados, algunas voces alertan sobre el riesgo de estigmatización pública. Las autoridades, por su parte, aseguran que se actuó con apego a la ley y que el operativo fue exitoso para cumplir mandatos judiciales pendientes en un contexto de alta convocatoria ciudadana.