Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, denunció este martes que el Gobierno estaría buscando mecanismos irregulares para impedir el cumplimiento de la orden judicial que dispone su traslado del penal de Chonchocoro, en La Paz, a Santa Cruz de la Sierra, donde debe presentarse este viernes a una audiencia por el caso “decretazo”.
El jurista cuestionó declaraciones del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, quien aseguró que el traslado del gobernador electo dependerá de informes de Inteligencia de la Policía. Según el abogado, este requisito no está contemplado en ninguna normativa legal vigente. “No hay necesidad de ningún informe de Inteligencia, eso es solo un invento del ministro Ríos, como lo fue en su momento del exministro Eduardo Del Castillo”, declaró.
La autoridad judicial ya habría emitido una orden formal para el traslado de Camacho, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño. Sin embargo, desde el Ejecutivo se insiste en que la ejecución de esa medida dependerá de consideraciones de seguridad.
Martín Camacho llegó este martes por la mañana al aeropuerto de El Alto y se dirigió hasta el penal para exigir una respuesta clara al director del recinto, mayor Edgar Fernando Espinoza. “Vengo a que el director me diga personalmente cuándo, cómo y de qué manera se va a cumplir la orden. De lo contrario, si se opone, él será el único responsable y enfrentará un proceso penal”, advirtió el abogado.
Además, denunció una presunta maniobra del Gobierno para evitar que su defendido sea trasladado a Palmasola, alegando que se estaría presionando a los internos de ese penal para emitir un voto resolutivo en rechazo al ingreso del gobernador.
“Eso es otra falacia. No existe ningún derecho que les faculte a los privados de libertad a decidir quién entra o no a un recinto penitenciario. Es una medida completamente arbitraria que no está amparada por ninguna norma”, sostuvo.
El juicio por el caso “decretazo” está programado para este viernes en Santa Cruz. El proceso investiga presuntas irregularidades cometidas por Camacho durante su gestión como gobernador, relacionadas con la emisión de un decreto departamental.
