
Entre enero y junio de 2025, Bolivia destinó 1.582 millones de dólares a la importación de combustibles líquidos, principalmente diésel y gasolina, según el INE. A pesar de una leve reducción respecto al año pasado, el gasto sigue presionando las reservas internacionales y ocurre en medio de una creciente escasez de diésel que afecta al agro, el transporte y la industria.
El país continúa enfrentando un alto costo económico por la importación de hidrocarburos, mientras la escasez de diésel genera tensión social y productiva. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia gastó 1.582 millones de dólares en la compra de combustibles entre enero y junio de este año. Aunque representa una reducción del 4% respecto al mismo periodo de 2024, sigue siendo uno de los principales factores de presión sobre la balanza comercial y las reservas internacionales, actualmente limitadas.
Solo en junio, las compras externas de combustibles y lubricantes sumaron más de 220 millones de dólares, con un leve descenso respecto a mayo, atribuible no a una menor demanda, sino a dificultades en la provisión por falta de divisas para cumplir con los pagos al contado que exigen los proveedores internacionales.
Esta situación fue reconocida por el propio presidente Luis Arce Catacora y el titular de YPFB, Armin Dorgathen, quienes admitieron públicamente que no pueden garantizar el abastecimiento pleno de combustibles debido a la escasez de divisas y una creciente demanda interna.
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La crisis se agrava con la persistente escasez de diésel, un insumo clave para sectores como el agro, transporte y minería. En regiones agrícolas como Santa Cruz y Beni, los productores reportan demoras, sobrecostos y dificultades logísticas para el transporte de maquinaria e insumos. Las colas en estaciones de servicio, especialmente en áreas rurales, se han vuelto una constante.
La alta dependencia de las importaciones es una debilidad estructural del modelo energético boliviano. La producción nacional no cubre la demanda, y el esquema de subsidios estatales obliga a YPFB a asumir la diferencia con el precio internacional. Esto incrementa el déficit fiscal y agudiza el uso de divisas en un contexto de fragilidad financiera.
Desde 2015, la factura por importaciones de combustibles líquidos ha mostrado una tendencia creciente. En ese año, el gasto se ubicaba en torno a los 1.000 millones de dólares anuales, mientras que en 2022 alcanzó su pico más alto: más de 3.200 millones de dólares.
El incremento sostenido refleja dos fenómenos clave: la insuficiencia de la producción local y el costo de sostener un modelo de subsidios sin reformas estructurales. Además de combustibles terminados, Bolivia también importa crudo y aditivos para su refinación, lo que incrementa la dependencia y el gasto externo.
En este contexto, el elevado gasto en combustibles líquidos drena las ya limitadas reservas internacionales, en un año marcado también por la escasez de dólares, que afecta al comercio exterior y retrasa la importación de insumos estratégicos como medicamentos, repuestos e insumos industriales.
Fuente: BBC