Una jornada marcada por giros judiciales reconfigura el tablero político boliviano: Luis Fernando Camacho recibe detención domiciliaria y es trasladado a Santa Cruz, Marco Pumari logra su libertad, y Jeanine Áñez intenta anular un tercer juicio en su contra. La tensión entre justicia e intereses políticos vuelve al centro del debate nacional.
En una noche cargada de simbolismo político y judicial, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, logró un fallo que le permitirá salir del penal de Chonchocoro bajo detención domiciliaria. El juez Marco Antonio Vargas autorizó su traslado inmediato a Santa Cruz y le otorgó salida laboral, lo que abre la puerta para que retome sus funciones como máxima autoridad departamental. La noticia fue celebrada con entusiasmo por su familia, aliados y simpatizantes, que se congregaron en la plaza 24 de Septiembre ondeando banderas y exigiendo su regreso a la Gobernación.
Minutos después del fallo, su hijo menor exclamó emocionado “¡Mi papá, mi papá!”, en un video difundido por su esposa, Fátima Jordán. El abogado del gobernador, Martín Camacho, aseguró que se trata de una muestra de que “la justicia vuelve a ser imparcial en Bolivia”. Sin embargo, Camacho continuará detenido en Chonchocoro hasta que se formalicen los trámites para su traslado.
En el mismo contexto judicial, el excívico potosino Marco Antonio Pumari fue beneficiado con una resolución de libertad pura y simple en el marco del caso denominado «Golpe de Estado I». Su abogado, Diego Gutiérrez, confirmó la decisión pero advirtió que Pumari aún enfrenta medidas cautelares por otro proceso relacionado con la quema de oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, durante las protestas postelectorales de 2019.
Mientras tanto, la expresidenta Jeanine Áñez busca anular el juicio por el caso Sacaba, lo que significaría el tercer proceso paralizado en su contra tras las anulaciones de los casos EBA y Senkata. La audiencia fue reprogramada para este viernes, y su abogado, Luis Guillén, espera que la decisión permita encaminar el proceso hacia un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como establecen las normas para exmandatarios.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, había instruido días atrás a los jueces que revisen la legalidad de los tiempos de detención en estos casos, una medida que fue interpretada desde el oficialismo como una jugada política.
La reacción de figuras políticas no se hizo esperar. Jorge “Tuto” Quiroga, candidato presidencial en el balotaje del 19 de octubre, rechazó una invitación del presidente Luis Arce para iniciar la transición de gobierno, argumentando que no prestaría su imagen para encubrir la “persecución” contra Camacho y Pumari. Cuestionó también el manejo político de la justicia por parte del MAS y criticó el “doble discurso” del expresidente Evo Morales.
Desde el Gobierno, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, aseguró que se respeta la independencia judicial, pero recordó los hechos luctuosos de Sacaba y Senkata, donde murieron 35 personas y más de 400 resultaron heridas. Pidió no olvidar a las víctimas mientras se discuten los alcances legales de los fallos judiciales.
Las decisiones tomadas este martes no solo afectan la situación legal de los protagonistas, sino que también reavivan el debate sobre la politización de la justicia en Bolivia. En plena recta final hacia el balotaje, el escenario judicial vuelve a entrelazarse con el político, marcando un nuevo capítulo en la crisis que se arrastra desde 2019.
Fuente: El Deber
