La Defensoría del Pueblo expresó su “extrema preocupación” por la anulación del juicio del caso Senkata y exigió al Estado boliviano garantizar verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, además de informar sobre las acciones adoptadas para cumplir las recomendaciones del GIEI.
Tras la reciente decisión del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto de anular el proceso penal del caso Senkata, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público en el que exige al Estado boliviano garantizar la reparación integral a las víctimas de los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019.
La Defensoría lamentó que, después de casi un año de juicio oral, se haya determinado declarar la incompetencia del tribunal para procesar a los 18 acusados —entre ellos, la expresidenta Jeanine Áñez—, ordenando además la liberación de los detenidos preventivos y domiciliarios. Según el pronunciamiento, esta medida representa un retroceso significativo en el camino hacia la justicia.
“Expresamos nuestra extrema preocupación por las recientes determinaciones de la justicia boliviana en relación a las víctimas del caso Senkata (…) han transcurrido más de cinco años desde el inicio de la investigación penal, sin que se haya garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva”, señala el documento difundido por la entidad.
El pronunciamiento hace referencia directa al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que documentó graves vulneraciones a los derechos humanos en el conflicto postelectoral de 2019. El informe recomendó llevar adelante investigaciones serias, diligentes y respetuosas del debido proceso tanto para las víctimas como para los imputados.
En este sentido, la Defensoría alertó sobre el riesgo de que las recientes decisiones judiciales “generen espacios de impunidad” y anunció que ya ha informado de esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, la institución solicitó formalmente a diversas instancias del Estado —como el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría, los ministerios de Gobierno y Justicia, y la Asamblea Legislativa— que informen sobre las acciones que están tomando para proteger a las víctimas y testigos, conforme lo establece la Ley N° 458 de protección a denunciantes.
También se pidió conocer qué gestiones se están realizando para cumplir con las recomendaciones del GIEI, particularmente en cuanto a garantizar la reparación integral y evitar que este caso quede impune.
El caso Senkata es uno de los episodios más sensibles del conflicto de 2019, donde al menos 10 personas fallecieron durante la intervención militar y policial en El Alto. La anulación del proceso reaviva el debate sobre el acceso a la justicia y la responsabilidad del Estado en hechos de violencia política y social.
Fuente: El Deber
