En el Caribe, comprar una casa puede abrir las puertas del mundo. En medio de tensiones políticas globales y temores sobre el futuro, cinco pequeñas naciones caribeñas han convertido la venta de pasaportes en un lucrativo motor económico. Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía ofrecen ciudadanía a cambio de inversión inmobiliaria, un esquema que despierta interés internacional… y también controversia.
Lo que comenzó como una estrategia para reforzar economías frágiles se ha transformado en una industria millonaria. Los programas de Ciudadanía por Inversión (CBI, por sus siglas en inglés) permiten a los extranjeros obtener pasaportes caribeños —que garantizan acceso sin visa a más de 150 países— mediante la compra de propiedades a partir de US$200.000. A esto se suman ventajas fiscales, clima tropical y estabilidad política.
Hoy, cerca del 70% de los compradores en Antigua buscan específicamente obtener la nacionalidad, según Nadia Dyson, directora de la agencia Luxury Locations. «Antes vendíamos casas para el estilo de vida; ahora vendemos ciudadanía con vista al mar», resume.
El fenómeno es impulsado por una nueva ola de incertidumbre global. Ciudadanos de Estados Unidos, Ucrania, Turquía, Nigeria y China lideran las solicitudes. La consultora Henley & Partners revela que las peticiones crecieron un 12% en el último trimestre de 2024, en parte como reacción al clima político estadounidense.
“La mayoría no se muda”, explica Dominic Volek, de Henley. “Ven el pasaporte como una póliza de seguro”. Otros, como Robert Taylor, un canadiense que se jubilará en Antigua este año, sí buscan establecerse de forma permanente: «Aquí encontré paz, amabilidad y oportunidades de negocio», dice.
Pero la venta de pasaportes no está libre de cuestionamientos. Algunos líderes del Caribe consideran que la práctica trivializa la ciudadanía. La Unión Europea y Estados Unidos han expresado preocupación por el uso indebido de los programas y la posibilidad de que faciliten el lavado de dinero o el fraude fiscal. Incluso se ha insinuado la posibilidad de retirar el acceso sin visa a Europa para los pasaportes caribeños si no se implementan controles más estrictos.
En respuesta, las islas han intensificado la supervisión y la cooperación internacional. Entre otras medidas, se han comprometido a hacer entrevistas presenciales, realizar auditorías y compartir información con países socios. También evalúan crear un regulador regional de ciudadanía por inversión.
Pese a las críticas, las islas defienden los beneficios. El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, asegura que su programa es «sólido y transparente». En Santa Lucía, el CBI se ha usado para reforzar planes de pensiones y financiar obras de infraestructura. En Antigua, el primer ministro Gaston Browne declaró que el programa sacó a su país del borde de la bancarrota.
Mientras tanto, la demanda sigue creciendo. Para algunos, un pasaporte caribeño representa una puerta abierta. Para las islas, representa su futuro económico.
Fuente; BBC
