Los exfuncionarios del Ministerio de Salud Eduardo Díaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada fueron sentenciados a 8 y 2 años de cárcel, respectivamente, por su participación en la compra irregular de 500 respiradores pulmonares en 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. La adquisición generó un daño económico al Estado superior a 10 millones de dólares.
Cinco años después de una de las adquisiciones más polémicas durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Justicia boliviana emitió las primeras condenas por el caso de los ventiladores pulmonares defectuosos comprados en la gestión de Jeanine Áñez.
Los sentenciados son Eduardo Díaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada, exfuncionarios del Ministerio de Salud y Deportes, quienes recibieron condenas de 8 y 2 años de prisión, respectivamente, por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, según lo establece el Código Penal.
La sentencia fue dictada en un tribunal de La Paz, y ambos deberán cumplir la pena en el penal de San Pedro, además de asumir el pago de costas y multas a favor del Estado.
El caso se remonta a mayo de 2020, cuando, en plena primera ola de la pandemia, el gobierno transitorio adquirió 500 ventiladores pulmonares marca Guanzhou Yueshen, modelo YSAV 400A. Según informó el procurador general del Estado, Ricardo Condori, estos equipos no cumplían con al menos 40 ítems técnicos exigidos en el proceso de contratación.
A pesar de haber sido adquiridos para reforzar el sistema de salud en un momento crítico, los respiradores resultaron inadecuados para su uso en unidades de terapia intensiva. La operación generó un daño económico calculado en 10.456.332 dólares, monto que, según la Procuraduría, compromete directamente a quienes avalaron la compra sin cumplir con las especificaciones ni los controles de calidad requeridos.
Estos enfrentaban cargos por conducta antieconómica, delitos contra la salud pública e incumplimiento de deberes, pero el tribunal determinó que no había elementos suficientes para condenarlos.
Ante la absolución, el procurador Condori anunció que la Procuraduría General del Estado presentará una apelación, argumentando que existen suficientes elementos probatorios para que todos los implicados respondan ante la Justicia. “Vamos a recurrir esta decisión porque el daño al Estado fue millonario y debe existir una sanción proporcional”, manifestó.
Este fallo parcial se convierte en un antecedente importante en torno a los procesos judiciales abiertos por presuntas irregularidades durante el mandato transitorio de Áñez, en el que diversas compras públicas fueron puestas bajo la lupa por posibles actos de corrupción, especialmente durante la emergencia sanitaria.
Fuente: Los Tiempos
