El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el expresidente Evo Morales se enfrentaron públicamente este lunes en torno a la renuncia del exgerente de la Gestora Pública y posibles irregularidades en el manejo de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
La disputa por el control y la transparencia en la administración de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) alcanzó un nuevo nivel de tensión con un intercambio de acusaciones entre el actual ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el expresidente Evo Morales. El conflicto se desató luego de que Morales insinuara que Jaime Durán, exgerente de la Gestora Pública, habría renunciado tras negarse a transferir fondos de la institución a cuentas personales del presidente Luis Arce.
“Hizo llegar una información: ¿por qué Jaime Durán ha renunciado a la Gestora? Lucho había pedido que la plata de la Gestora se desembolse a él, se transfiera a él”, afirmó Morales sin presentar pruebas, generando una fuerte reacción del Ejecutivo.
Montenegro respondió calificando las declaraciones del exmandatario como una “bajeza” y una “mentira” que pone en juego la credibilidad del sistema de pensiones del país. “Se miente con algo muy delicado, que son los recursos de toda la vida de los adultos mayores”, advirtió el ministro, quien además acusó a Morales de ignorar el contenido de la Ley 065 que regula el funcionamiento de la Gestora Pública.
El titular de Economía explicó que la normativa impide cualquier desvío de recursos hacia cuentas personales, y detalló que las inversiones del SIP están sujetas a rigurosos mecanismos de control a través de la Bolsa Boliviana de Valores y la Empresa de Depósito de Valores. Según Montenegro, actualmente el 50,6% de los recursos está invertido en el sector financiero privado, mientras que el 36,7% está destinado a inversiones en el sector público.
Lejos de retractarse, Morales redobló su denuncia y cuestionó nuevamente la gestión de los fondos previsionales, apelando a frases populares para sostener su crítica. “Solo escuchaba a nuestros abuelos, nuestros padres, cuando roba, falta; si no roba, alcanza hasta sobra”, dijo, insistiendo en la existencia de manejos irregulares sin presentar evidencia concreta.
Este cruce de versiones pone de manifiesto no solo la pugna política entre dos alas del oficialismo, sino también la creciente preocupación pública sobre el destino de los aportes jubilatorios de millones de bolivianos. Mientras el Gobierno asegura que el sistema está blindado legal y técnicamente, las declaraciones de Morales alimentan un clima de desconfianza que amenaza con erosionar la credibilidad de una de las instituciones más sensibles del Estado.
