A pocas horas del inicio del juicio oral por el caso “Decretazo”, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aún no ha sido trasladado del penal de Chonchocoro en La Paz al de Palmasola, en su departamento natal, pese a una orden judicial que fijaba como fecha límite el 15 de julio. Su defensa denuncia una demora deliberada con motivaciones políticas y advierte que el incumplimiento podría derivar en responsabilidades penales para las autoridades penitenciarias.
El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, enfrenta una nueva controversia jurídica y política ante la inminencia del juicio oral por el caso “Decretazo”, previsto para este viernes 25 de julio en Santa Cruz. Aunque una resolución del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4° ordenó su traslado con al menos 10 días de anticipación, la medida no ha sido ejecutada, generando acusaciones cruzadas y tensiones dentro del propio oficialismo regional.
La defensa de Camacho asegura que el retraso responde a intereses políticos y personales que buscan evitar su presencia física en Santa Cruz. El abogado Martín Camacho calificó la demora como “injustificada” y denunció que incluso funcionarios sin competencia en el caso, como el fiscal Omar Mejillones, se han pronunciado en contra del traslado, generando interferencias.
“El director del centro penitenciario ya solicitó los pasajes. Lo que correspondería sin excusa alguna es ejecutar ese traslado”, insistió el abogado. También apuntó a que no existe ningún informe de inteligencia que justifique el incumplimiento de la orden judicial.
El caso “Decretazo” se originó en marzo de 2022, cuando Camacho, ya detenido por el caso “Golpe de Estado I”, emitió el Decreto Departamental 373 para delegar funciones al secretario Miguel Ángel Navarro, omitiendo al vicegobernador Mario Aguilera. La acción es considerada inconstitucional por el Ministerio Público y es el eje del juicio que arranca este viernes.
Desde su detención en diciembre de 2022, Camacho ha permanecido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, y aunque su defensa ha promovido 14 acciones judiciales solicitando su traslado, todas con fallos favorables, ninguna ha sido ejecutada. Las autoridades penitenciarias alegan que Chonchocoro es el único penal con condiciones médicas adecuadas, argumento que la defensa refuta afirmando que se han garantizado todos los requerimientos logísticos y sanitarios en Santa Cruz.
La tensión también escaló al interior de la Gobernación cruceña. El actual gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, reconoció la legitimidad de Camacho, pero marcó distancia con el decreto en cuestión y con miembros de su equipo legal y político. “¿Quién hizo el ‘decretazo’? Lo hizo su secretario de Justicia. No fui yo”, expresó Aguilera, quien también cuestionó al exfuncionario José Terrazas, hoy candidato a senador por la alianza de Samuel Doria Medina.
Por su parte, la bancada de Creemos acusó al Gobierno de “intromisión política” y de obstaculizar el juicio para impedir que Camacho recupere protagonismo en su departamento. “¿Tanto miedo le tienen a Camacho que saben que, si pisa su tierra, se convierte nuevamente en gobernador legítimo?”, declaró el diputado Erwin Bazán, quien también cuestionó al Procurador del Estado, Ricardo Condori, por “opinar sin competencia legal”.
A menos de 24 horas del inicio del juicio, la incertidumbre persiste. La defensa insiste en que el traslado debe ejecutarse “sin excusas” y recuerda que el incumplimiento de una orden judicial puede implicar consecuencias legales para los responsables. Mientras tanto, el reloj avanza y el caso “Decretazo” amenaza con escalar de lo jurídico a lo político, en un nuevo capítulo del convulso escenario boliviano.
