La escasez de diésel se ha convertido en una amenaza crítica para la economía boliviana, frenando la producción agrícola, industrial y minera, mientras empresarios, productores y transportistas advierten sobre pérdidas millonarias, desabastecimiento de alimentos y riesgo de colapso en sectores estratégicos.
Bolivia enfrenta una crisis creciente por la falta de diésel, que ha generado largas filas en estaciones de servicio de todo el país y ha comenzado a afectar seriamente al aparato productivo. Transportistas, agroindustriales, mineros y empresarios advierten que la escasez de combustible no solo eleva los costos, sino que también paraliza operaciones y pone en riesgo miles de empleos.
El impacto es especialmente severo en la agroindustria. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió que la escasez compromete la temporada de siembra y el transporte de alimentos e insumos, afectando a toda la cadena de abastecimiento. Su presidente, Klaus Frerking, denunció la falta de planificación en la importación y distribución de combustibles, y advirtió que, de continuar así, el país enfrentará una crisis más profunda en precios y disponibilidad de productos básicos.
El sector lechero también alzó la voz. La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) alertó sobre un posible colapso si no se garantiza el suministro inmediato de diésel. “En ocho días se paralizará la planta que produce el 78 % del balanceado”, dijo Juan Manuel Rojas, presidente del gremio, quien explicó que el transporte de insumos esenciales como harina de soya y maíz está prácticamente detenido.
Desde la industria aceitera se reportan problemas en el traslado de soya y derivados, lo que ha reducido turnos de trabajo y encarecido la logística. Los mineros, por su parte, declararon emergencia, señalando que la paralización de equipos por falta de combustible puede afectar directamente las exportaciones y la estabilidad laboral en el sector.
La situación también golpea a las estaciones de servicio. La Asociación de Surtidores (Asosur) en Santa Cruz denunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no entrega los volúmenes necesarios para satisfacer la demanda. En un comunicado, el sector señaló que el desabastecimiento afecta directamente al agro, la industria y el transporte, y exigió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que garantice el cumplimiento de la Ley 3058, que obliga al Estado a asegurar el abastecimiento interno.
El departamento de Cochabamba no ha quedado al margen. Según un reporte de la Federación de Entidades Empresariales Privadas (FEPC), la escasez generó pérdidas de 200 millones de dólares en el PIB departamental, equivalentes al 2,9% de su economía. La crisis ha paralizado a más de 65.000 empresas, incrementado los costos logísticos en hasta un 40% y puesto en riesgo contratos internacionales. Además, se estima una caída del 10% en el suministro promedio de combustibles en el último año, en un contexto inflacionario que ya supera el 25%.
Frente a esta situación, YPFB reconoció recientemente los problemas para importar diésel debido a la falta de divisas, una dificultad que se arrastra desde hace meses y que ya ha desatado protestas de transportistas y paralización de sectores productivos. Mientras tanto, las filas en los surtidores siguen creciendo y el país se aproxima a un punto crítico que podría derivar en una crisis mayor si no se toman medidas urgentes.
Fuente: El Deber
