Una jueza federal de Miami ordenó este jueves la suspensión temporal de la construcción del polémico centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, tras denuncias de que el proyecto viola leyes ambientales y amenaza humedales protegidos.
La jueza de distrito Kathleen Williams emitió una orden de restricción temporal de 14 días, prohibiendo cualquier nueva obra de infraestructura, relleno o pavimentación en el centro de detención, mientras se analiza si su construcción infringe la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).
Aunque las instalaciones podrán continuar operando y albergando detenidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la obra queda paralizada mientras se evalúa una posible orden judicial preliminar que podría suspender todo el proyecto.
El centro, edificado hace poco más de un mes por el estado de Florida en una antigua pista de aterrizaje del condado de Miami-Dade, ha generado fuerte rechazo de grupos ambientalistas y la tribu indígena Miccosukee, quienes argumentan que la obra pone en riesgo ecosistemas frágiles de los Everglades y revierte décadas de inversiones públicas en restauración ambiental.
“El proyecto amenaza humedales vitales y especies protegidas. No puede ser que se construya una prisión en medio de un ecosistema tan sensible sin evaluación ambiental previa”, sostuvo el abogado ambientalista Paul Schwiep durante la audiencia.
El estado de Florida ha alegado que el centro fue construido con fondos estatales y que, al ser una obra estatal, no está sujeta a revisión bajo la NEPA. Sin embargo, la jueza Williams indicó que el proyecto representa una colaboración federal-estatal, ya que está destinado exclusivamente a albergar inmigrantes detenidos bajo leyes federales de inmigración.
“El propósito mismo del centro es aplicar una política federal, lo que activa las obligaciones del gobierno federal bajo la ley ambiental”, argumentó Schwiep, añadiendo que sin participación de ICE, “el centro no existiría”.
Los abogados del estado, liderados por Jesse Panuccio, se negaron a comprometerse a detener voluntariamente la obra, lo que motivó a la jueza a emitir la orden de suspensión temporal mientras se resuelve la solicitud de una orden preliminar más amplia.
En paralelo, una segunda demanda fue presentada por organizaciones de derechos civiles, denunciando que los detenidos en el centro carecen de acceso a abogados, no tienen cargos formales en su contra y han visto canceladas sus audiencias de fianza por un tribunal federal de inmigración. La audiencia de ese caso está programada para el 18 de agosto.
Mientras tanto, el gobierno del gobernador Ron DeSantis parece avanzar con la creación de un segundo centro de detención, bautizado provisionalmente como “Centro de Detención Norte”, en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional en el norte del estado. Al menos un contrato ya ha sido adjudicado, según registros públicos.
Los abogados del gobierno han solicitado desestimar la demanda ambiental, alegando que fue presentada en la jurisdicción equivocada. Aunque el terreno pertenece al condado de Miami-Dade, el centro se ubica físicamente en el condado vecino de Collier, parte del distrito judicial central de Florida.
Fuente: CNN
