Tras una larga cadena de incumplimientos judiciales, la justicia boliviana ordenó el traslado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho desde la cárcel de Chonchocoro hasta Santa Cruz, donde deberá comparecer de forma presencial en el juicio oral por el caso «Decretazo», previsto para este 25 de julio.
Luego de casi año y medio de retrasos, la justicia finalmente dio luz verde al traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz) hasta su departamento de origen, para que asista físicamente al juicio oral por el caso conocido como «Decretazo». La decisión surge a raíz de una acción de libertad presentada por su defensa y que fue respaldada mediante una sentencia constitucional.
Según el abogado del gobernador, Martín Camacho, la Dirección de Régimen Penitenciario desobedeció al menos 14 órdenes judiciales desde mediados de 2023, obstaculizando sistemáticamente el proceso judicial. “Esta sentencia ya no admite excusas. Si no se cumple, estaríamos ante un delito por desobediencia a resoluciones constitucionales”.
El último intento de realizar la audiencia se dio en junio, pero fue frustrado cuando la directora departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Mariana García, se negó a autorizar la compra de pasajes aéreos, alegando falta de presupuesto, combustible y bloqueos. La defensa calificó esos argumentos como “meras excusas administrativas”.
El fallo judicial no solo ordena el traslado inmediato de Camacho, sino que también dispone su reclusión temporal en el penal de Palmasola mientras dure el proceso.
Camacho, uno de los principales líderes de la oposición boliviana y actual dirigente de la disuelta alianza Creemos, respalda ahora la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina por la coalición Unidad. Su situación legal, además de impactar en la dinámica política del país, ha generado controversia y atención internacional por el uso del aparato judicial en contextos polarizados.
El próximo 25 de julio será determinante no solo para el futuro judicial de Camacho, sino también para sentar un precedente en cuanto al cumplimiento de fallos constitucionales dentro del sistema penitenciario boliviano.
