Los 34 soldados retenidos desde el lunes por la comunidad en El Retorno, Guaviare, fueron liberados este jueves gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales. La tensión surgió tras un operativo militar contra disidencias de las FARC que dejó once muertos, incluido un civil cuya muerte desató la protesta local.
Después de cuatro días de incertidumbre y creciente tensión en el municipio de El Retorno, en Guaviare, los 34 soldados retenidos por la comunidad local fueron finalmente liberados la noche del jueves. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación y destacó que se logró a través del diálogo y con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, así como representantes del Gobierno y de Naciones Unidas.
La retención se produjo el lunes, tras un operativo militar contra una estructura de las disidencias de las extintas FARC, liderada por alias Iván Mordisco. En el enfrentamiento murieron 10 integrantes del grupo armado, entre ellos un menor de edad y Willington Vanegas Leyva, alias Dumar. Sin embargo, también falleció un civil identificado como Ramiro Correa Ortiz, líder comunitario cuya muerte generó la indignación de los habitantes del sector.
Según el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, la comunidad impidió la salida de la tropa tras el operativo. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el hecho como un secuestro y anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de la retención, a quienes acusó de cometer los delitos de secuestro, asonada y obstrucción a la función pública.
La respuesta estatal no tardó en llegar. El martes, el Gobierno movilizó a más de 500 efectivos, incluyendo 300 miembros de fuerzas especiales y 200 de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), en preparación para una posible intervención. No obstante, las autoridades optaron por agotar la vía del diálogo antes de proceder con una acción de fuerza.
El alcalde de El Retorno, Jhonny Casanova, defendió la actuación de la comunidad y negó que se tratara de un secuestro. Según explicó, los soldados nunca estuvieron sometidos ni maltratados, y la acción fue una medida de presión para exigir explicaciones sobre la muerte de Correa Ortiz y el supuesto saqueo de su tienda, donde habrían desaparecido dinero y joyas tras la operación militar.
Casanova insistió en que la comunidad solo pedía respuestas y que fue la falta de presencia institucional lo que generó la reacción. Videos aportados por líderes del sector mostrarían a los soldados armados y en aparente libertad de movimiento, lo que, según el alcalde, desmentiría la versión oficial de un secuestro.
El proceso de diálogo para lograr la liberación involucró a representantes de los ministerios del Interior y de Defensa, del comisionado de Paz, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. También participaron observadores de la OEA y de la ONU, lo que permitió evitar una confrontación y alcanzar una solución pacífica.
La situación expone nuevamente la fragilidad del tejido social en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado, donde la presencia del Estado sigue siendo limitada y donde la desconfianza entre comunidades locales y fuerzas militares persiste. Aunque el Gobierno insiste en que se trató de un acto delictivo, la versión desde el territorio revela una complejidad mucho mayor, que pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer los canales de diálogo, justicia y presencia institucional efectiva en estas regiones.
Fuente: El País
