
La alianza Libre, que postula a Jorge Tuto Quiroga a la Presidencia, presentó este lunes una queja formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el Partido Demócrata Cristiano (PDC), al que acusa de lanzar acusaciones “infundadas” sobre el supuesto uso de “guerreros digitales” y asesores especializados en desinformación.
El delegado de Libre, Rodrigo Loma, explicó que con esta acción buscan que el TSE active sus mecanismos institucionales y exija pruebas al PDC. “Se ha presentado una solicitud para verificar las infundadas denuncias que han incumplido el acuerdo firmado en contra de la desinformación y la guerra sucia”, afirmó, recordando que la semana pasada los partidos firmaron un pacto de respeto en la contienda electoral.
Por su parte, Jorge Quiroga denunció que incluso ha sido blanco de “cantos homofóbicos” y apuntó directamente al candidato del PDC, Edman Lara, a quien acusó de incurrir en difamación. Además, cuestionó que Lara no firmara el acuerdo convocado por el TSE, pese a que el compromiso debía ser asumido por todo el binomio del PDC.
El PDC, en respuesta, también acudió al TSE para denunciar a Libre por “guerra sucia” en redes sociales, asegurando que existen campañas de difamación contra su candidato Rodrigo Paz. El presidente del partido, Roberto Castro, informó que solicitaron a la unidad de Cibercrimen de la Policía identificar a los responsables de las páginas y cuentas vinculadas a estas publicaciones.
Castro añadió una segunda denuncia por presunta “injerencia” extranjera, señalando a Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala, por declaraciones críticas contra los postulantes del PDC. Según el dirigente, los comentarios del guatemalteco constituyen una “intromisión” en el proceso electoral boliviano y pidió la intervención de la Cancillería.
El cruce de denuncias entre Libre y el PDC sube la tensión en la recta electoral, mientras el TSE deberá evaluar ambos memoriales y definir si corresponde aplicar sanciones o amonestaciones, en línea con el acuerdo de respeto firmado por las organizaciones políticas.

Fuente: La Estrella