Un fallo judicial paralizó el tratamiento legislativo de contratos clave para la industrialización del litio en Bolivia, mientras el presidente Luis Arce acusa una maniobra política para frenar inversiones por casi 2.000 millones de dólares, en medio de una tensa transición electoral.
El proyecto de industrialización del litio en Bolivia entró en una etapa crítica tras la decisión de una jueza agroambiental de La Paz que ordenó suspender el tratamiento de dos contratos firmados por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas de Rusia y China. La medida, impulsada por una acción cautelar de la Defensoría del Pueblo, obliga a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a frenar su debate hasta que se realicen estudios de impacto ambiental y se garantice la consulta previa a las comunidades afectadas.
Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, aclaró que la institución no se opone al desarrollo económico, pero exige que este se realice con respeto a los derechos ambientales y colectivos. En juego están dos acuerdos: uno con Uranium One Group de Rusia, por 975 millones de dólares para una planta de extracción directa de litio, y otro con Hong Kong CBC Invest Limited, por más de 1.000 millones de dólares para dos plantas industriales en el Salar de Uyuni.
Desde el Ejecutivo, la reacción fue inmediata. El presidente Luis Arce defendió los contratos como parte de una estrategia de industrialización que busca incluir a Bolivia en toda la cadena de valor del litio, incluso en la comercialización de baterías. En declaraciones a la agencia rusa Sputnik, Arce denunció que el freno legislativo responde a una alianza entre el bloque leal a Evo Morales y la oposición, que –según él– busca bloquear deliberadamente el avance del proyecto.
El mandatario también advirtió que el cambio de gobierno, previsto para noviembre, podría significar la anulación de los acuerdos, ya que ambos candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral, Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga, anticiparon que no darán continuidad a los contratos firmados con las empresas extranjeras.
“Ese contrato no va a llegar a ninguna parte”, afirmó Paz Pereira. Por su parte, Quiroga fue más tajante y señaló que, si se aprueban, serán anulados. Mientras tanto, en el Legislativo, la Comisión de Economía Plural de Diputados deberá resolver las observaciones legales antes de que los contratos puedan volver al pleno. El diputado opositor Walthy Egüez advirtió que, si el presidente de Diputados no devuelve los documentos a comisión, podría ser denunciado por incumplimiento de deberes.
La controversia en torno al litio boliviano refleja no solo disputas ambientales y sociales, sino también una intensa lucha política en plena transición electoral. Con contratos millonarios en juego y una región estratégica como Uyuni en el centro del debate, el futuro de la industrialización del litio se convierte en un termómetro del próximo rumbo económico y político del país.
Fuente: El Deber
