El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) reclama un incremento en las regalías por la explotación del litio en el Salar de Uyuni, exigiendo entre un 10% y 20%, frente al 3% actual. Denuncian que los contratos firmados con empresas extranjeras fueron aprobados sin transparencia, sin consulta a las comunidades y sin una ley específica que proteja los intereses del departamento.
Potosí vuelve a levantar la voz. Esta vez, por el litio. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha demandado que las regalías por la explotación del “oro blanco” boliviano asciendan a entre un 10% y 20%, muy por encima del 3% actual que establece la Ley Minera y que, con descuentos, deja a las arcas potosinas poco más del 1% del valor exportado.
“Nos están dejando migajas. Exigimos un trato como el de los hidrocarburos, donde las regalías llegan al 11%. El litio tiene un valor estratégico y no puede seguir siendo tratado como el zinc o la plata”, declaró el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, en entrevista con EL DEBER Radio.
La declaración llega tras la polémica aprobación —por voto secreto y en medio de tensiones— del contrato firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group, para industrializar el litio del Salar de Uyuni. La aprobación por parte de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados fue criticada por cívicos y legisladores opositores, quienes acusaron al oficialismo de actuar de forma “irregular e ilegal”, al haber ignorado una resolución previa que exigía tratar el contrato en Potosí.
“Lo hicieron a espaldas del pueblo potosino. Se comprometieron a venir, a sesionar aquí y escuchar a las comunidades. No cumplieron”, reclamó Pérez. Además del reclamo económico, el líder cívico denunció la falta de consulta a las 51 comunidades que dependen del agua en la zona. “No se ha hablado del impacto ambiental ni de cómo afectará a la producción de quinoa o a la ganadería de llamas y vicuñas. Nadie garantiza que no quedaremos sin agua”, afirmó.
El contrato con Uranium One Group prevé una inversión de 975 millones de dólares para construir una planta industrial cerca del complejo Llipi, en Potosí, con capacidad para producir hasta 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La planta ocupará 20.703 hectáreas del salar, equivalente al 0,3% de su superficie, y se desarrollará en tres fases escalonadas. El Gobierno destaca que la tecnología rusa permitirá una recuperación de litio superior al 80%, frente al 12% que se logra actualmente con métodos tradicionales.
En paralelo, otro contrato similar fue firmado con la empresa china CBC, lo que elevó la tensión en el departamento. Comcipo convocó a un consejo consultivo de emergencia para definir acciones de protesta, mientras la demanda por una “ley del litio” consensuada entre Potosí y Oruro sigue paralizada en el Legislativo desde hace más de dos años.
“Antes de cualquier explotación debe haber una ley que fije regalías justas, que garantice el cuidado del medioambiente y brinde seguridad jurídica para los potosinos”, advirtió Pérez, quien además remarcó que no permitirán que el litio “se regale como ya ocurrió con otros recursos”.
La aprobación del contrato pasó en la Comisión con nueve votos a favor, dos en contra y cuatro nulos en la votación “en grande”. En “detalle”, el resultado fue similar: ocho a favor, tres en contra y cuatro nulos. La sesión, que inicialmente debía ser cerrada, fue trasladada al hemiciclo tras protestas de legisladores contrarios al proyecto.
Mientras el Gobierno insiste en que se trata de un paso hacia la industrialización y la soberanía tecnológica, las voces críticas reclaman transparencia, inclusión regional y una redistribución más equitativa de los beneficios. La tensión crece, y Potosí amenaza con volver a las calles si sus demandas no son escuchadas.
Fuente: El Deber
