Tras el cambio político en la Asamblea Legislativa, el sector agropecuario cruceño reactivó sus demandas históricas: ampliar a 10 años la verificación de la Función Económica Social (FES) y autorizar el uso de biotecnología, con el objetivo de impulsar la producción, atraer inversiones y generar divisas.
Con el nuevo mapa legislativo definido tras las elecciones generales, los productores agropecuarios de Santa Cruz iniciaron una ofensiva política para reintroducir en la agenda del Congreso dos reformas estructurales que, según afirman, son clave para la reactivación del sector: la ampliación del plazo para verificar la Función Económica Social (FES) y la autorización de semillas genéticamente modificadas. La propuesta fue expuesta durante un encuentro con los legisladores electos del departamento, organizado en las instalaciones de Fexpocruz y encabezado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
En la actualidad, la FES —un requisito legal para mantener la tenencia de la tierra— se revisa cada dos años, un plazo que los productores califican como un obstáculo para acceder a financiamiento de mediano y largo plazo. “Con evaluaciones tan frecuentes, la banca no concede créditos porque teme que el productor pierda su tierra”, explicó la CAO. Por eso, piden una ley que extienda el plazo de revisión a una década, lo cual daría estabilidad jurídica y permitiría planificar inversiones tecnológicas.
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Wálter Ruiz, fue más directo en sus críticas: “La Función Económica Social hasta ahora solo sirvió para una extorsión. A muchos les va a doler la palabra, pero es la verdad”. El dirigente recordó que ya existe un proyecto de ley presentado hace más de seis meses, pero que no ha avanzado por falta de voluntad política.
Además de la reforma a la FES, el agro plantea abrir el debate sobre el uso de biotecnología. La CAO exige la aprobación de un decreto para habilitar el uso de eventos transgénicos con historial de uso seguro en el exterior y la eliminación temporal —por cinco años— del IVA y aranceles a la importación de maquinaria, insumos, equipos y genética.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, defendió la agenda del sector señalando que el agro aporta el 16% del PIB nacional, genera el 24% del empleo formal y produce el 25% de las divisas del país. Sin embargo, advierte que enfrenta una serie de trabas estructurales: inseguridad jurídica, restricciones a las exportaciones, limitaciones tecnológicas, escasez de combustibles y falta de acceso a dólares.
“Por 18 años tenemos nuestra agenda postergada. Son 18 años peleando contra avasallamientos y esperando seguridad jurídica”, lamentó Frerking, en alusión a los dos últimos gobiernos del MAS, que han mantenido una postura cerrada frente al uso de transgénicos y la flexibilización de normas agrarias.
El encuentro concluyó con la firma de un compromiso entre la CAO y los legisladores electos de Santa Cruz para impulsar un nuevo marco legal que brinde certidumbre al sector productivo. “Queremos trabajar, queremos invertir, queremos producir. Pero necesitamos reglas claras, respeto a la propiedad privada, estabilidad económica y leyes que defiendan el derecho de cada boliviano a progresar sin miedo”, sentenció el sector, que ahora espera que la nueva Asamblea convierta sus demandas en hechos.
Fuente: El Deber
