La Cámara de Diputados deberá decidir esta semana si aprueba un proyecto de ley que restringe la selección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a profesionales con formación específica en derecho constitucional y electoral. La medida, ya aprobada por el Senado, ha generado críticas por excluir a otros perfiles técnicos y por los plazos ajustados para completar el proceso antes de la nueva legislatura.
El proyecto de “ley transitoria de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, aprobado por el Senado con dispensación de trámite, plantea una renovación urgente del Órgano Electoral antes del inicio de la nueva legislatura el 8 de noviembre. La norma establece que los nuevos vocales deben ser designados como máximo hasta esa fecha, con un proceso de selección que requiere al menos 45 días, lo que tensiona los tiempos legislativos.
El texto, impulsado por la senadora Silvia Salame y respaldado por la Comisión de Constitución, impone un requisito que ha generado controversia: los postulantes deberán acreditar experiencia específica en derecho constitucional, derechos humanos o derecho electoral. Esto limita la participación a profesionales del área jurídica, excluyendo a perfiles de otras disciplinas.
“Por ejemplo, un historiador o un comunicador no tendrían chance (…) estamos sesgando esto hacia los abogados”, criticó la senadora Cecilia Requena (CC), cuestionando que la pluralidad profesional se vea afectada por una restricción que, a su juicio, no garantiza mejores perfiles, sino una visión reducida del proceso electoral.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados el proyecto aún no fue tratado, pero se espera que sea agendado esta semana. La presidenta de la Comisión de Constitución, Olivia Guachalla, afirmó que el informe ya fue remitido a la presidencia de Diputados, y que confía en la “buena voluntad” del pleno para su pronta aprobación.
En paralelo, legisladores del oficialismo y de la oposición coinciden en que el proceso debe quedar definido antes del 7 de noviembre, para evitar vacíos de poder y asegurar la organización de los próximos comicios. “Lo más importante es evitar vacíos en el TSE y garantizar la continuidad del proceso electoral”, advirtió el diputado Óscar Balderas. Su colega Enrique Urquidi fue más enfático: “No dejar encaminado el proceso significaría un incumplimiento constitucional”.
El mandato de los actuales vocales concluye el 18 de diciembre, según la Constitución, pero el proyecto apunta a una designación previa, en medio de una transición legislativa. El presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel, recordó que son seis las autoridades cuyo periodo concluye este año, a excepción del vocal Gustavo Ávila, designado directamente por el presidente Luis Arce.
Sin embargo, organizaciones como la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y la Fundación Jubileo han expresado serias preocupaciones. Ambas alertaron que el proyecto reproduce errores pasados en la selección de altas autoridades, como la falta de transparencia, entrevistas sin parámetros claros, revisión superficial de méritos y ausencia de veeduría ciudadana. Recomendaron que sea la nueva legislatura la que conduzca el proceso, y que se adopten estándares internacionales en el reglamento.
El contexto añade presión: los nuevos vocales deberán asumir tareas clave desde el inicio de su gestión, incluida la convocatoria a elecciones regionales de 2026, previstas para mayo, con un proceso que debe iniciarse en marzo, inmediatamente después de la segunda vuelta presidencial.
En este marco, la Cámara de Diputados tiene en sus manos una decisión crítica: avanzar con la selección en los días finales de la actual legislatura, o postergar el proceso para que sea conducido por los nuevos legisladores. En cualquiera de los casos, el reloj constitucional ya está corriendo.
Fuente: El Deber
